Académicos y especialistas en derecho y seguridad aseguran que, con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, se podría prolongar el estado actual de violencia y nos alejaría del modelo democrático constitucional.
Po medio de un pronunciamiento, exponen 10 conclusiones en las que argumentan por qué, lejos de contribuir a garantizar la seguridad de la ciudadanía, esta ley podría propiciar el aumento de violaciones de derechos humanos.
“La Ley de Seguridad Interior no representa la solución frente a la grave crisis de derechos humanos que enfrenta el país” – afirmaron.
Quienes firmaron este pronunciamiento solicitaron al Senado frenar la iniciativa de Ley de Seguridad Interior y permitir que continúe la discusión pública, incluyente y reflexiva.
Mencionaron que, durante los últimos años, académicos especialistas en Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derecho Penal y Seguridad Pública de diversas universidades del país, se han dedicado a discutir los múltiples conceptos de seguridad, así como la problemática que existen en el país, con organismos internacionales, autoridades estatales y organizaciones de la sociedad civil.
En este contexto, han convocado a varios foros de análisis científico para discutir el tema de las iniciativas en seguridad interior. El más reciente se realizó en el pasado mes de febrero, de forma conjunta por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
En dicho estudio y discusión técnica de la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior presentaron diez conclusiones contundentes por las cuales su aprobación es inconstitucional (violatoria de los artículos 1°, 6°, 21, 29, 73 y 129) y contraria al Derecho Internacional de los derechos humanos.
Su análisis demuestra que la Ley de Seguridad Interior es incompatible con las obligaciones internacionales del Estado mexicano, contraria al desarrollo jurisprudencial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y a diversas recomendaciones de organismos internacionales emitidas hacia México en el marco de la intervención de las fuerzas armadas.
Agregaron que la Constitución no faculta al Congreso de la Unión para legislar sobre seguridad interior ni a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo las tareas de seguridad que hoy realizan.
“La iniciativa vulneraría el equilibrio de poderes al otorgar excesivas facultades al Poder Ejecutivo sin establecer contrapesos del Poder Legislativo o Judicial” – destacaron.
Consideraron que dicha iniciativa permitiría la intervención de la Federación para la implementación de acciones en el territorio de una entidad federativa, o zona geográfica del país, por decisión del Poder Ejecutivo para proteger la seguridad interior, atacando al Federalismo.
Recalcaron que definición de Seguridad Interior es vaga e imprecisa, por lo que podría calificar un amplio conjunto de conductas y riesgos a la misma.
Adelantaron que la información derivada de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior, será reservada y clasificada, mientras que las autoridades federales y los órganos autónomos estarán obligados a proporcionar cualquier información que les requieran las autoridades facultadas por la Ley.
En el punto número siete destacaron que la iniciativa faculta a las Fuerzas Armadas a implementar políticas, programas y acciones de prevención y de investigación del delito, lo que, según el artículo 21 Constitucional, les corresponde únicamente a las autoridades civiles.
Aseguraron que la iniciativa contiene disposiciones que violan las garantías procesales, poniendo en riesgo el acceso a la justicia de las víctimas.
Por último, mencionan que el dar facultades a las fuerzas armadas a través de una Ley de Seguridad Interior las habilitará permanentemente en la realización de dichas actividades, lo que desencadenaría un fuerte desincentivo en el avance del fortalecimiento de las instituciones policiales, y otras instituciones civiles que se encargan de la seguridad pública.
