(14 de diciembre, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- Este miércoles un Tribunal Agrario falló en favor del municipio de Chenalhó, en Chiapas. Donde se disputaban 364 hectáreas de tierras con Chalchihuitán desde hace 45 años. Dicho órgano determinó que el territorio corresponde al primer municipio.
Por su parte Rosa Pérez, alcaldesa de Chenalhó (PVEM), dijo que la determinación devolverá la paz a la zona, cuyo conflicto ha dejado unos 5 mil desplazados, aunque ella lo niega. Abundó que con ello se retoma un convenio firmado en 2015 entre ambos municipios para garantizar la tranquilidad.
“(Chenalhó) garantiza la paz. ¿Desplazados?, no hay desplazados”, respondió Pérez. Por su parte la pastoral indígena tsotsil de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas advirtió que la resolución judicial “no resolverá el fondo del problema de carácter social”.
Dijo que la ayuda humanitaria enviada por el gobierno y la sociedad no ha sido suficientes, además que “persisten problemas de salud y de violencia con reportes de gente armada y disparos”.
Aunque los embates al municipio de Chalchihuitán, datan de varias décadas atrás, se intensificaron desde el 15 de mayo de 2014, cuando grupos armados paramilitares (pertenecientes a Chenalhó) comenzaron a usar armas de fuego en contra de las comunidades.
Aunque se le dio a conocer de la problemática al gobierno de Velasco Coello no hubo ningún tipo de respuesta. La violencia se intensificó a la muerte de un joven de nombre Samuel Pérez, en octubre pasado, “poco a poco comenzaron a pasarse la malla que nos divide y así dieron paso a las balaceras en contra de las casas, matando todos los animales que tenía la gente.
De una comunidad afectada pasaron a ser ocho y ahora hay más de cinco mil personas desplazadas, principalmente ancianos, niños, mujeres embarazadas, se vive una grave situación que es preocupante, porque para nosotros ha sido un secuestro total del pueblo”, declara a Revolución TRESPUNTOCERO Domingo Díaz, habitante del municipio de Chalchihuitán.
Aseverando que la misma presidencia de Chenalhó, ayudó a los paramilitares a proporcionales una máquina con la que bloquearon las entradas a su municipio. “Ante esto hemos vuelto a acudir a las autoridades del estado, con el gobierno de Manuel Velasco Coello pero ha hecho caso omiso.
Además su secretario general, Juan Carlos Gómez Aranda, no nos ha atendido como se debe, aunque se ha hablado no se han cumplido los tres puntos importantes que hemos demandado: la liberación de la carretera, instalación de seguridad en la franja en conflicto y la aplicación del estado de derecho”.
Sin embargo, señala, a Velasco Coello no le ha importado cómo vive el pueblo el desplazamiento y los daños que de esto derivan. Sobre la situación actual de los desplazados, Domingo señala que el sufrimiento es permanente al vivir a la intemperie en una zona montañosa donde la temperatura baja a menos de cero grados, con lluvias constantes, lo que provoca que las carpas no les sirve de mucho para resguardarse.
Domingo, indica que las comunidades de Chalchihuitán fueron amenazadas y la presidenta municipal Rosa Pérez aseguró que si el fallo señalaba que el territorio le pertenecía al primer municipio, continuarían los ataques ya que, “son respaldados por Manuel Velasco Coello” y solamente la violencia y el asedio se detendría de ser positivo para Chenalhó.
Por su parte, organizaciones defensoras de derechos humanos, han lamentado la inacción de las autoridades de Chiapas y del gobierno federal para atender adecuadamente la urgencia humanitaria de más de 5 mil indígenas tsotsiles en desplazamiento forzado en los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas.
El pasado 9 y 10 de diciembre organizaciones de la sociedad civil de Chiapas, acompañadas por el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) realizaron una misión de observación y documentación de derechos humanos en el municipio de Chalchihuitán, entrevistando a las familias desplazadas, autoridades comunitarias, así como con autoridades municipales.
La misión de observación pudo verificar el clima de tensión y miedo que viven las personas desplazadas así como las y los pobladores de la cabecera municipal de Chalchihuitán.
Según los testimonios, nos indican que después del asesinato de Samuel Pérez Luna en Kanalumtik, Chalchihuitán, el 18 de octubre pasado, se profundizó la violencia y los disparos de armas de fuego sobre todo por las noches, por lo que desde esa fecha varias familias dormían en la montaña y por el día regresaban a sus domicilios a dar de comer a sus animales. Hasta el día 5 de noviembre cuando se desplazaron forzadamente debido a los disparos ocasionados por los grupos armados.
A pesar de lo difundido por el gobierno de Manuel Velasco Coello de estar resolviendo esta problemática, “evidenciamos una crisis humanitaria: personas enfermas debido a la situación de desplazamiento, la falta de medicamentos y de una atención médica urgente y adecuada; carencia de alimentos apropiados a la cultura y a una alimentación sana, así como condiciones de salubridad en general que no solamente vulneran el derecho a una vida digna, sino que incluso ponen en riesgo la vida de las personas desplazadas.
No sólo por el temor de ser asesinadas por los grupos armados, sino también por la ineficacia de las autoridades de Chiapas para atender la situación de acuerdo a los lineamientos de los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado de la Organización de Las Naciones Unidas y la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el estado de Chiapas”.
Durante la misión constataron el corte y destrucción de la carretera en el tramo Las Limas – Chalchihuitán, único tramo carretero pavimentado para llegar a la cabecera municipal. Recordamos que la destrucción de dicha carretera fue realizada con maquinaria por parte de pobladores armados de Chenalhó como una forma de sitiar y controlar a la población de Chalchihuitán. Dicho corte ha impedido el ingreso de vehículos que abastezcan de alimentos, medicamentos, suministros e insumos a la población y quienes cruzan caminando lo hacen con miedo a ser asesinadas.
“El abandono institucional y la pobreza estructural es histórica en el municipio de Chalchihuitán, siendo uno de los municipios más pobres y marginados de México, la situación de violencia que ahora se vive en ese municipio viene a profundizar mucho más este estado de vulnerabilidad social, donde las mujeres, niñas y niños se encuentran en mayor riesgo”.
La misión de observación pudo constatar a través de diversos testimonios y entrevistas realizadas, la existencia de grupos armados, que operan de manera abierta en estos municipios, sobre todo en Chenalhó y cuya actividad es permitida por las autoridades de Chiapas y del gobierno federal. La responsabilidad de los partidos políticos es evidente en este conflicto, ellos a través de sus estructuras municipales y estatales han abonado a la impunidad.
En Chalchihuitán hay un clima de terror debido a la acción impune de los grupos armados, la violencia ha afectado a toda la población del municipio por la escasez y altos precios de los alimentos. “Vemos con preocupación que por miedo a ser asesinados los pobladores no pueden ir a sus cultivos, perdieron lo de esta cosecha y no han podido sembrar para la próxima temporada como consecuencia no tendrán maíz, frijol y demás productos del campo para poder vivir, lo que pronostica una crisis alimentaria.
Observamos que niñas, niños y adolescentes están viviendo en condiciones inhumanas. Visten con la ropa con la que fueron obligados a salir de sus casas, que no es la adecuada para protegerse de las bajas temperaturas que se presentan en esta época del año. Además, hay numerosos casos de infecciones gastrointestinales y en vías respiratorias, y la alimentación es insuficiente e inadecuada.
El suministro de alimentos procesados por parte del gobierno estatal, a los que no están acostumbrados, les provocan diarreas y agravan su condición de salud. Niñas y niños tienen miedo de que los maten, sueñan que les disparan, duermen intranquilos; están tristes, su entorno ha cambiado de manera abrupta. Tienen dolor de estómago y cabeza por la ansiedad y estrés que provoca el desplazamiento. De acuerdo con la información proporcionada han fallecido infantes en desplazamiento”.
Las condiciones de por sí graves en las que se encuentran se exacerban por las condiciones preexistentes de pobreza en la que vive el 97% del municipio y por la impunidad, negligencia y omisiones del Estado para atender la situación de conflicto. En Chalchihuitán la tasa de mortalidad infantil en niñas y niños menores es de 166 por cada mil, trece veces más que a nivel estatal.
Constataron la situación que viven la mujeres y niñas en situación de desplazamiento: la nula atención a una salud adecuada para ellas de acuerdo a sus necesidades, la vulnerabilidad y riesgo en la que se encuentran por la estructural violencia de género acentuada en condiciones de desplazamiento.
Las mujeres entrevistadas informaron sentirse con temor, preocupadas y enojadas porque han sido excluidas totalmente de las decisiones sobre la resolución de un conflicto que les afecta directamente. Recordamos que Chalchihuitán y Chenalhó son municipios que han sido señalados como parte de la Alerta de Violencia de Género (AVG) y el estado ha violentado el derecho a una vida libre de violencia, señalan las organizaciones.
Las organizaciones civiles integrantes de esta misión, “creemos que no hay voluntad clara de las autoridades mexicanas de resolver esta situación, la espiral de violencia es cada vez más grave y las condiciones están dadas para que ocurra un hecho de violencia más grave que nos recuerdan las condiciones que se daban en esa misma región hace 20 años antes de la masacre de Acteal”.
Cabe señalar que la semana pasada, como lo informó Revolución TRESPUNTOCERO, fallecieron cuatro niños y dos adultos, sin embargo el sacerdote del municipio, dio a conocer que este martes fallecieron dos personas más, derivado del frío y el hambre. Hasta el momento se sabe que una de las más recientes fallecidas fue una mujer de nombre María Domínguez, quien a decir por sus familiares, pereció derivado del frío.
