El Gobierno de México recriminó al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Zeid Ra’ad Al Hussein, su pronunciamiento en contra de la Ley de Seguridad Interior.
El 4 de diciembre, Al Hussein pidió al Estado mexicano no aprobar la Ley; lo que provocó que al día siguiente, el Gobierno le enviara una carta con 13 puntos, firmada por el subsecretario de la Cancillería, Miguel Ruiz Cabañas; el subsecretario de la Segob, Roberto Campa, y la subprocuradora Sara Irene Herrerías.
“Es motivo de gran sorpresa observar que usted se pronuncie sobre el contenido de un proyecto de ley que aún no ha sido aprobado por ambas Cámaras legislativas en nuestro país”, recriminaron los subsecretarios en el primer punto.
“Por lo tanto, parecería que desconoce cuál será el resultado de los debates que aún deben celebrarse al interior del Senado de la República”, indicaron hace una semana sobre la minuta que ahora es debatida en el Pleno de la Cámara alta y se prevé que sea avalada con votos del PRI, el Partido Verde y el PAN.
En la misiva se le cuestionó al Alto Comisionado que no tomó en cuenta la dimensión de las amenazas que enfrenta el país en su seguridad interior, aunque se argumentó básicamente la cercanía de México con Estados Unidos.
Según las autoridades mexicanas, “el tráfico de armas desde Estados Unidos y el consumo de drogas en aquél país, entre otras cuestiones, hacen difícil que policías municipales y estatales hagan frente a la incidencia delictiva y la violencia que generan las organizaciones criminales”.
“Rechazamos que la eventual aprobación del proyecto pueda conllevar una militarización de la seguridad pública”, señaló el Gobierno. “Su principal objetivo es dotar de un marco jurídico apropiado a las autoridades federales, estatales y municipales, cuando una amenaza grave a la seguridad interior, como las operaciones violentas del crimen organizado, ha hecho indispensable recurrir al apoyo de las Fuerzas Armas”, agregaron.
