Organizaciones no gubernamentales de Puebla condenaron la aprobación de la Ley de Seguridad Interior por parte del Poder Legislativo federal e instarán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a tramitar una controversia constitucional para defender las garantías universales que, aseguran, “se ven amenazadas con la entrada en vigencia de la nueva norma y la inminente militarización del país”, informó La Jornada de Oriente.
En un comunicado conjunto, la Barra Libre de Abogados Democráticos de Puebla (BLADP), el Centro de Defensa de los Derechos Humanos de Puebla y Tlaxcala (CDDHPT) y el Centro de Estudios sobre la Pobreza Rubén Jaramillo advirtieron que “resulta de la máxima preocupación que se normalice la actuación de las fuerzas armadas en tareas que corresponden a los cuerpos de seguridad pública y sobre todo esa preocupación se exacerba con la entrada en vigor de la llamada Ley de Seguridad Interior en pleno año electoral”.
“Exigimos que en pleno uso de sus facultades constitucionales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inicie cuanto antes la defensa de las garantías universales y las que consagra la Carta Magna Mexicano y se aboque de inmediato a interponer una Controversia Constitucional, para lo cual contará con el apoyo y aval de cientos de organizaciones de la sociedad civil”, aseguran en su comunicado.
Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha reiterado su preocupación por la recién aprobada Ley de Seguridad Interior (LSI) y anunció que ya dio inicio al estudio correspondiente para presentar una acción de inconstitucionalidad contra dicha norma.
En un comunicado, el organismo manifestó nuevamente su inquietud de que la mencionada norma “contravenga o propicie que se vulneren los derechos humanos de las personas” y exhortó al presidente de la República a que le haga observaciones a la ley antes de ordenar su promulgación.
Tras la aprobación de la LSI en la Cámara de Diputados, la CNDH llamó la atención “sobre la oportunidad que se desaprovechó para lograr que el proceso de deliberación legislativa para la emisión de esta Ley hubiese sido un verdadero espacio de reflexión y construcción dialéctica, en donde no sólo se escucharan planteamientos, sino que también se permitiera el debate libre plural e informado de posturas y conocimientos sobre el tema”.
La aprobación de esta ley en los términos en que fue formulada, añadió, “no sería acorde al sentido y contenido de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, en tanto genera la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos”.
Además de ello, afecta el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre instituciones, órganos del Estado y Poderes, “además de posibilitar que se impongan estados de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana”.
Por tal razón, la CNDH indicó que ya realiza un estudio para promover una acción de inconstitucionalidad de la LSI, y reiteró que “la atención a los problemas de seguridad y justicia que enfrenta el país debe emprenderse bajo un enfoque integral, que partiendo de una lógica preventiva, más que reactiva, se ocupe del conjunto de factores que generan o propician las actividades delictivas”.
De igual forma, se deben desarrollar las “capacidades y recursos para la efectiva persecución y combate de las actividades ilícitas, con pleno respeto a los derechos humanos, todo lo cual pasa, necesariamente, por la revisión y fortalecimiento de nuestras policías y autoridades civiles”.
Asimismo, la CNDH hizo “un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal para que formule observaciones al proyecto de LSI con base en la atribución que le confieren los incisos a y c del artículo 72 Constitucional”.
La seguridad, recalcó el organismo, “es posible y compatible con el respeto a la dignidad humana, así como a las libertades y derechos que dan sustento a nuestras instituciones democráticas”.
