Ante el extrañamiento que realizaron a la Fiscalía General de Chihuahua las organizaciones Reporteros sin Fronteras y Propuesta Cívica, por lo que consideran falta de legalidad en el caso del homicidio de la periodista Miroslava Breach, la dependencia indicó que ha actuado de manera expedita y profesional en el caso.
“De igual manera, la FGE ha estado en contacto con los familiares de la compañera Miroslava que se han acercado a la Fiscalía General o que han acudido a ejercer su derecho a estar informados; de los últimos acontecimientos ha habido información para ellos”, puntualizó la FGE en un comunicado.
“Se niega categóricamente que la actuación de esta institución se realice carente de legalidad”. Las organizaciones que emiten su comunicado incluso, agregó, han recibido de la Fiscalía la información pública del caso.
“Es posible que ambas agrupaciones tengan un punto de vista diverso, lo respetamos pero no se admite lo que llaman falta de legalidad por no estar apegado a la realidad”, añadió la FGE.
La dependencia reiteró que las órdenes solicitadas al Poder Judicial tienen sustento en datos de prueba suficientes y así se seguirá actuando en la investigación complementaria.
“Esta FGE no dará pie a especulaciones sobre el caso y reiteramos a todos el llamado a la objetividad haciendo a un lado intereses que no sean el de proveer de Justicia a Miroslava Breach”, expresó la Fiscalía.
En el comunicado de Reporteros sin Fronteras y Propuesta Cívica se indicó que, ante los sucesos recientes relacionados con el caso de la periodista Miroslava Breach, reconocen la relevancia que tiene para la investigación la detención de uno de los presuntos responsables del homicidio el 25 de diciembre de 2017.
“Hacen suyo el posicionamiento de los familiares para que pronto sean detenidos y llevados ante la justicia el resto de los responsables y se investigue a fondo el vínculo entre el poder político y el crimen organizado, que fue el motivo del asesinato de la periodista”, señalaron en el documento.
“Llaman a las autoridades de Chihuahua a garantizar los derechos de los familiares como víctimas a un juicio transparente, respetando en todo momento sus derechos”.
Las organizaciones agregaron que a través de medios de comunicación RSF y PC tuvieron conocimiento de la detención de Juan Carlos Moreno Ochoa, “El Larry”, realizada el 25 de diciembre, en Sonora, como uno de los presuntos implicados en el homicidio de la corresponsal del periódico La Jornada, asesinada el 23 de marzo de este año en la Ciudad de Chihuahua.
Días antes, se indicó en el comunicado de las organizaciones, el 19 de diciembre, RSF fue informado por medios locales de Chihuahua del homicidio de Ramón Andrés Zavala, en la región de Álamos, Sonora, a 109 kilómetros de Chínipas.
“Ambos acontecimientos ocurrieron días antes de cumplirse nueve meses del homicidio de la periodista sucedido el 23 de marzo de 2017. Los hechos son importantes para la investigación, aunque lamentamos que el presunto autor material haya sido asesinado antes que ser detenido cuando las autoridades conocían de su identidad y paradero desde hacía seis meses. La muerte de esta persona también debe ser investigada, ¿a quién y por qué fue mejor asesinarlo, antes que llevarlo a la justicia?”, expusieron.
Reconocieron la detención de “El Larry”, pero señalaron que aún no se captura a todos los involucrados, entre ellos el autor o autores intelectuales.
“Frente a ambos acontecimientos, hacemos un extrañamiento a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua por la falta de legalidad para conducirse con los familiares quienes se han tenido que enterar por los medios de comunicación de los hechos y no por vía institucional”, expresaron las organizaciones.
“Vemos con preocupación que la Fiscalía siga obstaculizando los derechos de los familiares de Miroslava Breach, como víctimas indirectas del homicidio, impidiendo que puedan tener información y participación en el desarrollo de la investigación. Debido a lo anterior no podrán ser representados ni asistidos por un asesor jurídico en el desarrollo del proceso penal que inicia en contra de Juan Carlos Moreno Ochoa, mismo que no ha sido notificado”.
Además, añadieron, de que a la fecha no han recibido respuesta alguna sobre la petición realizada por los cinco hermanos de ser reconocidos como víctimas y la designación de sus asesores jurídicos, presentado ante el Ministerio Público, el 27 de noviembre de 2017.
