(31 de diciembre, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- “Muchos son los medios de comunicación también han contribuido a darle voz al gobierno de Velasco Coello, anunciando que exitoso es el manejo de la problemática de los más de cinco mil desplazados de Chalchihuitán.
Unos más han dicho que si no se ha dado paso a una solución efectiva, pese a los ‘grandes’ esfuerzos de Manuel Velasco es porque hay un choque de ideas por la política de usos y costumbres, nada más errado cuando ese tipo de gobierno no tiene nada que ver cuando el grupo que ataca está gobernado localmente por una alcaldesa del PVEM, quien a su vez recibe un apoyo directo del gobernador.
Hasta el momento no se conoce que ya se haya mantenido un diálogo para que detenga o haya una mínima presión para que los grupos armados de Chenalhó detengan el fuego en contra de los pobladores del segundo municipio. Velasco se jacta de llevar cobijas, sábanas y comida (que esta última afectó la salud de los desplazados), pero no dice cuándo podrá la población regresar a sus hogares”, señala la activista Alejandra Gómez a Revolución TRESPUNTOCERO.
A su vez, indica que la problemática entre ambos pueblos ha sido respaldado por el abandono del gobierno estatal que ha hecho caso omiso a un tema que tiene ya varios años padeciéndose. “Velasco Coello le dio vía libre a los grupos paramilitares y por eso se han intensificado las ejecuciones extrajudiciales, los constates tiroteos a poblaciones, los ataques por parte de grupos priistas y sobre todo la impunidad de todos estos daños graves en contra de la población indígena y sus derechos humanos”.
Los organismos e instancias nacionales e internacionales de derechos humanos y humanitarios como el Colectivo de organismos de la sociedad civil, integrantes de la Misión Civil de Observación de la Zona Altos, han dado seguimiento permanente a la situación de tensión, violencia paramilitar, desplazamiento forzado masivo y muertes, producto de dicho desplazamiento, que se ha presentando y agudizado principalmente en el territorio comunal de San Pablo Chalchihuitán , a partir del 18 de octubre del presente, fecha del asesinato de Samuel Pérez Luna en la comunidad Kanalumtik, a manos de un grupo armado de corte paramilitar, proveniente de San Pedro Chenalhó.
A partir del 5 de noviembre pasado, el acoso, amenazas y violencia armada de grupos paramilitares, sobre las comunidades de San Pablo Chalchihuitán ubicadas en la franja cercana a la denominada “zona en conflicto agrario”, han provocando desde entonces, el desplazamiento forzoso, en condiciones infrahumanas, de poco más de 5 mil hombres, mujeres, niñas, niños, ancianas y ancianos, hecho constatado personalmente por varias de las ONG’S de ese colectivo durante la constante realización de caravanas humanitarias a la zona.
Los integrantes de la brigada médica y de salud, confirmaron “la precariedad y vulnerabilidad en la que se encuentra la población, afectando en mayor medida a niños, mujeres y personas de la tercera edad “el frío es tremendo y la gente duerme debajo de plásticos que no los protegen, la gente está muriendo de enfermedades que podrían evitarse”.
Las dos situaciones que se complican son el clima y el estrés progresivo derivado de la incertidumbre y el hostigamiento que vive constantemente la población desplazada. En algunos casos de personas con enfermedades crónico degenerativas este estrés ha sido un detonante para que se compliquen enfermedades que en situaciones más favorables pudieran no tener mayor importancia”.
“Esta situación ha ido empeorando en las 2 últimas semanas, por lo que hasta el jueves 14 de diciembre han perdido la vida 10 personas: al menos 4 adultos mayores, 1 mujer adulta y 3 menores -2 eran mujeres- y 1 muerte fetal, sólo uno de estos casos fue a causa de violencia física, los 9 restantes ocurrieron durante el desplazamiento forzado como consecuencia de la situación de violencia estructural que está viviendo la población. La más reciente la de María Domínguez Gómez, de 57 años, quien padecía diabetes y falleció el 13 de diciembre, de neumonía”, se ha denunciado.
Fue en este contexto de calificada “gravísima crisis humanitaria, y de impunidad y violencia estructural”, que, como Colectivo, señala que dicha crisis era producto de la operación de “ilegítimos intereses de la delincuencia organizada, misma que, a través de la documentada acción impune de grupos armados de corte paramilitar, ha obligado al inhumano desplazamiento de miles de indígenas (la mayoría de extrema vulnerabilidad: mujeres, niñas y niños, y ancianas y ancianos) no sólo de Chalchihuitán, sino –aunque en menor número- también de Chenalhó, provocando con ello, hasta el momento, la muerte de cerca de una decena de niños-as y ancianas-os, y manteniendo a la verdadera base comunitaria de ambos pueblos, en un permanente estado de angustia, miedo y sufrimiento..,”
“Fue entonces que con genuinas expectativas y gran interés, los y las integrantes de este colectivo, recibimos y aceptamos, la invitación oficial a participar en calidad de observadores/as, en la Mesa de Diálogo concertada para el pasado 20 de diciembre, bajo la mediación de Servicios de Asesoría para la Paz, AC (SERAPAZ MÉXICO); con la presencia y participación del gobierno federal, a través de la SEGOB: Subsecretario de Gobierno (Lic. René Juárez); Subsecretario de Derechos Humanos (Lic. Roberto Campa Cifrián); el Titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (Arq. Jaime Martínez Veloz) y el delegado de la PGR en el estado; Gobierno del estado de Chiapas, a través del Lic. Juan carlos Gómez Aranda (secretario general de gobierno) acompañado, entre otros-as, del Secretario de Seguridad Pública; el secretario de Protección civil; la Subsecretaria de Salud; el titular de la Fiscalía Indígena; autoridades Comunales, (22) Comisionados comunales y autoridades municipales de San Pablo Chalchihuitán y autoridades municipales y comunales y comisionados de San Pedro Chenalhó”.
Como conclusión aseguran que: “el desarrollo de dichas reuniones de diálogo (incluyendo la Mesa de Seguridad que siguió esa misma tarde), de sus resultados y, sobre del engañoso y demagógico manejo mediático que se le dio en esos momentos, por parte de los gobiernos federal y estatal, nos parecieron y parecen, una total incapacidad o una plena complicidad , que, lejos de resolver de raíz y de forma estructural la violencia y la impunidad existente, y de garantizar efectivamente el inmediato retorno de todas las personas desplazadas de manera forzada, a sus casas y comunidades de origen, han fortalecido la soberbia y prepotencia de los multicitados grupos armados, que, como se ha venido denunciando públicamente desde el mismo día 20 de diciembre, han mantenido y extendido su acción intimidatoria”.
