A 135 días de que comenzara el gobierno de Enrique Peña Nieto y que se consumara el retorno del Partido Revolucionario Instituciona (PRI) a Los Pinos, sigue sin concretarse la estrategia de seguridad pública que seguirá el gobierno en los próximos años.

El senador Miguel Barbosa Huerta, de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo a La Jornada que “los responsables de hacer frente al crimen organizado mantienen la misma estrategia de lucha, en lugar de diseñar una política que tenga como base el restablecimiento del tejido social, educativo y económico”.

Hasta la semana pasada,  las cifras oficiales habían contabilizado 4 mil 451 muertos en lo que va del sexenio. Los últimos días se han acumulado varias decenas más. Mientras que el discurso del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, raya en la apoligía a las omisiones gubernamentales, sigue sin ser claro para la ciudadanía y para los gurpos parlamentarios de oposición cuál es el camino a seguir para combatir -con menos sangre y sin daños colaterales, se espera- al crimen organizado.

Barbosa, coordinador de los senadores perredistas, dijo que la nueva política de seguridad debe incluir a la sociedad. De no hacerlo, sería una estrategia “contradictoria con el sentido que corresponde en un Estado constitucional y democrático de derecho”.

Por ello, los ejes centrales de la estrategia deben ser la prevención y la erradicación, así como el restablecimiento del tejido social.

Para Barbosa Huerta, el optimismo del gobierno federal no detiene los crímenes, y recalcó que, a cuatro meses de inciado el nuevo gobierno, aún no se sabe cuál es la política que se aplicará. De hecho, no existe un cambio notorio entre la fallida estrategia calderonista y la forma de operar del gobierno actual.

Tan solo este fin de semana, los medios de comunicación mexicanos contaron una treintena de muertos en la República Mexicana.