El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), resolvió, por unanimidad, promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior.
Los comisionados afirmaron que los artículos 9 y 31 de dicha Ley son inconstitucionales, ya que el primero viola el principio de máxima publicidad, mientras que el segundo vulnera la autonomía de Instituto.
El artículo 9 establece que toda la información generada por la aplicación de la Ley de Seguridad Interior será considerada como de seguridad nacional, por lo que automáticamente se convierte en reservada y no habría posibilidad de que se conociera públicamente.
La comisionada Ximena Puente, mencionó que esto vulnera el artículo sexto constitucional, el cual establece que toda la información que generen las autoridades es pública y sólo excepcionalmente podrá clasificarse como reservada.
Este artículo, agregó la comisionada Areli Cano, establece una clasificación de reserva genérica para toda la información y contraviene los principios que señalan que la reserva de información debe ser específica, temporal y debe existir una prueba de daño.
Mientras, el artículo 31 dice que las dependencias federales y los órganos autónomos deberán entregar la información que les sea requerida por las autoridades que participen en la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional.
El comisionado Óscar Guerra Ford advirtió que esta disposición vulnera la autonomía constitucional del INAI, pues viola el derecho de protección de datos personales.
Por su parte, el comisionado presidente del Instituto, Francisco Javier Acuña, mencionó que la inconstitucionalidad aprobada corresponde solamente a la materia de la cual el INAI es autoridad y que instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), también lo harán conforme a los derechos que les corresponde defender.
