(26 de enero, 2018. Revolución TRESPUNTOCERO).- En enero de 2017, en Chiapas se dio inicio a un movimiento encabezo por enfermeras que demandaban el pago de salarios justos pero principalmente beneficios para los centros hospitalarios, los cuales han asegurado han sido abandonados por el gobierno de Velasco Coello. Haciendo que los pacientes padezcan graves complicaciones.
Aquella protesta también desencadenó una huelga de hambre y meses más tarde ante el no cumplimiento de lo prometido por el gobierno, las enfermeras volvieron a manifestarse y la huelga de hambre se reforzó.
“El Hospital de la Mujer en Tuxtla Gutiérrez está rodeado de laboratorios clínicos, farmacias y centros de diagnósticos. No es gratuito, es un buen negocio porque en el hospital no hay medicinas, ni estudios de laboratorio y las familias de los pacientes recurren a esos comercios, cerca de donde están sus pacientes.
El hospital es un hotel en donde se hospeda a las enfermas porque de ahí no hay nada, no hay medicamentos, tomografías, rayos X, laboratorio, no hay nada, todo se le manda a comprar a los familiares y pedir que los estudios lo hagan allá afuera” declaró en aquel momento Límbano Domínguez Alegría, vocero del Movimiento de las y los Trabajadores de Salud del Hospital de la Mujer y el Niño.
Esta semana, derivado de la huelga de hambre y la movilización que iniciaron cinco enfermeras el año pasado, para exigir el pago de salarios devengados Jesús Espinosa de los Santos, Víctor Hugo Zavaleta Ruíz y Humberto Gutiérrez Medina, denunciaron hostigamiento judicial, al ser acusados por la Fiscalía General del Estado (FGE) “del delito de motín en agravio de la sociedad”.
Los acusados refirieron que “el único acto realizado fue brindar el apoyo necesario a sus compañeras, sin embargo, -a modo de venganza, la fiscalía omitió desde el pasado 29 de diciembre ordenes de aprehensión en contra de nosotros-”.
“La criminalización se relaciona con las huelgas de hambre y la movilización que iniciaron las enfermeras el tres de abril, para denunciar la corrupción y crisis del sistema de Salud en Chiapas”.
Además se informó que, “de ahí que hoy quieran meternos a la cárcel, por venganza, así como lo hicieron con el compañero Límbano Domínguez Alegría, a quien arbitrariamente privaron de su libertad el pasado nueve de enero en Tuxtla Gutiérrez”.
Sobre la problemática, la activista Valeria Damián explica a Revolución TRESPUNTOCERO que, “en Chiapas vivimos en una crisis expandida. Hay crisis social, económica, política, de seguridad, y uno de los muchos problemas es el de la salud. Casualmente uno de los rubros en los que se invirtió mucho en publicidad. Velasco Coello se llenó la boca en decir que había clínicas equipadas, médicos especialistas, atención de calidad, medicamentos y claro que todo esto había costado millones de inversión.
Pero si una clínica pública de cualquier ciudad de la entidad carece de lo básico, agua oxigenada y parecetamol además de gasas, ahora los sitios alejados. Donde le llaman centros de salud a los cuartuchos de miseria donde no hay no un banco y el médico llega una vez al mes por la lejanía, por la inseguridad y porque no se le paga. Por todas estas injusticias y muchas más el grupo de enfermeras comenzó la lucha. Por atreverse a defender la vida desde la protesta social y pues a uno de ellos le costó la libertad y con este gobierno represor podría ser que hasta la vida”.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC (Frayba) manifestó su preocupación “por la privación arbitraria de la libertad a Límbano Domínguez Alegría y por el hostigamiento judicial en contra de Jesús Espinosa de los Santos, Víctor Hugo Zavaleta Ruíz y Humberto Gutiérrez Medina, integrantes del sindicato del Sector Salud del Estado de Chiapas”.
Explicando que, Límbano fue detenido arbitrariamente el 9 de enero, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 14 El Amate, (CERSS No, 14 El Amate) en Cintalapa, Chiapas; acusado por la Fiscalía General del Estado del delito de motín en agravio de la sociedad, en la causa penal 627/2017.
En tanto, Jesús Espinosa de los Santos, Víctor Hugo Zavaleta Ruíz y Humberto Gutiérrez Medina, integrantes del sindicato del Sector Salud del Estado de Chiapas, cuentan con órdenes de aprehensión desde el pasado 29 de diciembre por el mismo delito.
El estado de Chiapas rebasa la media nacional en muerte materna e infantil, tuberculosis, desnutrición, entre otras enfermedades curables. La entidad tiene los estándares y niveles más bajos de calidad, situación que se evidenció a partir de las dos huelga de hambre de las enfermeras. (La primera huelga de hambre, duró 10 días; la segunda 23 días.)
Derivada de la movilización por sus derechos, las trabajadoras y trabajadores del sector Salud, lograron que se firmaran dos minutas de trabajo con la representación del gobierno de Manuel Velasco Coello.
El 24 de mayo de 2017 la Asamblea de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, expresó: “Pedimos al gobierno que los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo se cumplan adecuadamente, para que haya soluciones verdaderas en cada centro de salud y en los hospitales; pedimos que las enfermeras que estuvieron en la huelga de hambre retornen de manera normal a sus trabajos y que no sean perseguidas ni criminalizadas por su lucha”.
Chiapas es el más grande ejemplo de hostigamiento, criminalización, violencia en contra de sociedad civil y defensores que se oponen a las políticas de humillación de los gobierno del PRI y el PVEM, así como los anteriores que solamente han practicado la represión como método de silencio, indica la activista. Es por eso que el sector salud que alzó la voz no podía quedarse sin ser golpeado, comenta.
Asegurando que, los millones supuestamente invertidos y presumidos por Velasco Coello, nunca se han reflejado en las clínicas que él señala como ‘remodeladas o equipadas’, son tristes sombras de los que dicen que son. Hay gente muriendo y él sigue su promoción o por lo menos así lo hizo durante más de la mitad de su sexenio. También así ha sido participe de crímenes contra la sociedad civil que votó por él y de quienes compró su voto, señala.
