(30 de enero, 2018. Revolución TRESPUNTOCERO).- El caso de Marco Antonio, menor de edad, que fue detenido y golpeado por policías de la Ciudad de México para después desaparecer, ha sido catalogado como ‘paradigmático’, de acuerdo con Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
Pérez García explica a Revolución TRESPUNTOCERO que, “es un caso que no solamente ocurre después de la promulgación de la Ley de Desaparición Forzada y Desaparición entre Particulares, también se perpetra con un adolescente, de esta ciudad donde existe la noción de mayor institucionalidad, mayor progresividad y respeto a los derechos humanos.
Y lo que nos encontramos no es solamente un caso grave de presunta desaparición forzada a manos de policías, además se suma la negativa de la propia autoridad para investigar el caso”.
Señala que las autoridades competentes han estado mucho más preocupadas por la imagen de la ciudad y de las instituciones que de la integridad del adolescente Marco Antonio. “Fue muy inquietante ver que durante cinco días casi seis existió silencio absoluto de parte de quienes estaban encargados de darle solución al hecho. Y fue hasta que ya no soportaron la presión (principalmente en redes sociales) que comenzaron actuar y operar, por lo que buscaron hasta por debajo de las piedras.
Afortunadamente se logró que Marco Antonio esté con vida, esto es atípico ya que en la mayor parte de los casos no se logra esto, pese a todas las irregularidades y fallos ya se logró encontrar al muchacho y eso es una buena noticia pero las condiciones en las que está Marco Antonio son muy malas, con muchos daños físicos y psicológicos”, puntualiza el Director de Redim, organización que le da acompañamiento a la familia y al menor de edad.
Comenta que en ese sentido cuando se habla de caso paradigmático, también significa que la sociedad puede tener la oportunidad de observar todas las fallas que ocurrieron desde la brutalidad policiaca, la falta de sentido común y protocolo que detonó el dejar ir al menor de edad o en otro caso haberlo privado de libertad, sin saber dónde y con quién y qué estuvo pasando esos días, indica.
“Y cómo es que siendo buscado ya otra autoridad, en este caso del Estado de México, lo tenían sus manos, así es como se percibe por medio de los videos, sin embargo no hay registros en sus documentos que indiquen la presencia del muchacho en ese sitio”.
Añade que Marco Antonio es un menor de edad y tendría que tener protección especial, es decir “no tenían porque simplemente decirle vete y abrirle la puerta, hay muchísimas fallas de responsabilidades administrativas o penales de funcionarios, pero también es una oportunidad de poder corregir y ajustar todas esas situaciones.
Creo también que es una gran oportunidad para que este caso no quede en la impunidad porque si sucede entonces se va repetir como está sucediendo en todo el país y vemos con mucha preocupación que la Secretaría de Seguridad Pública continúa en esta lógica de querer cuidar su imagen negándose a considerar este crimen de lesa humanidad e investigarlo”.
No les toca a ellos decidir si es o no una desaparición forzada, le toca un juez resolver ese tema, por ahora cabe señalar que también han entrado en la revictimización de Marco Antonio y su familia por medio de filtración de información privada y personal que afecta el que se dé a conocer públicamente, añade Pérez García.
Como ejemplo cita que se ha dado inicio a la distribución de imágenes donde se identifica el rostro del menor “y ahora hay incluso hasta una especie de telenovela donde se coloca a policías llorando mientras dicen que no tiene nada que ver y se debe destacar que todo esto se hace con recursos públicos y en contra de las víctimas”.
Por eso, indica el Director de Redim, “esperamos que puedan entender y darse cuenta de la gravedad del hecho y permitir, como ya lo pidió el Alto Comisionado de la ONU, investigar el hecho desde el marco de la desaparición forzada.
Cabe señalar que el decir, por ejemplo, que se encuentra en un hospital psiquiátrico, es un método que han utilizado otros gobiernos y también tristemente en la Ciudad de México, como por ejemplo el caso de Lesby, víctima de feminicidio que en las primeras declaraciones se dijo que estaba alcoholizada y otros datos en una lógica moralina haciéndola responsable de su feminicidio, es una mala práctica de las autoridades que en lugar de investigar, lo cual es obligación legal, constitucional y ética, revictimizan a las víctimas.
En tanto, “la filtración de información está ocurriendo por parte de las autoridades y va en detrimento de la integridad de Marco Antonio y su familia, eso también tiene una responsabilidad penal que tiene que se investigada.
Las autoridades están obligadas a realizar la investigación sólo por petición de partes, es decir las organizaciones que damos acompañamiento a la familia, porque argumentamos que hay los elementos de acuerdo a la ley desaparición forzada que lo podían sustentar el hecho”.
Como ejemplo, Martín Pérez García indica que, la última ocasión que se le vio a Marco Antonio fue arriba de una patruya, según testimonios de sus amigos y las declaraciones de los propios policías, es decir son elementos de seguridad que no han probado ni han dado evidencia que fue liberado, aunque eso también estaría mal porque es un menor de edad, pero como sea el hecho, tendría que haber evidencia de que esto sucedió, añade.
“De tal manera que ellos tienen que responder porque estuvo privado de la libertad todos esos días, algo que se configura en un crimen de lesa humanidad, porque hubo negación de presentarlo ante una autoridad, es decir el Ministerio Público número 40.
Cuando la familia va a ese lugar se le niega información otro criterio del tipo penal en tanto hicieron la barbaridad de decirle que seguramente ‘estaba con sus amigos tomando’ y también hubo negativa de abrir la denuncia contra los policías y también de abrir el expediente en Capea o alerta Amber. Hay participación de actores estatales, hay privación de libertad, hay negativa de información. No se presenta la autoridad correspondiente para poder ubicar el paradero y queda como desaparecido, hay que tener presente que aún cuando apareció con vida eso no cambia el delito”.
Pérez García explica que no cambia porque, cuando alguien roba un celular y se logra detener a la persona responsable y el aparato es devuelto eso no anula el delito, porque el delito de robo ocurrió y se sanciona; “es lo mismo con este hecho delictivo se tiene que investigar y le corresponde a la autoridad judicial no a otra autoridad”.
La Procuraduría tiene que investigar de acuerdo al marco de la ley además de considerar la gravedad del hecho, porque es una persona menor de edad, añade el Director, “es muy preocupante que se esté negando hacerlo de esta manera porque da cuenta que no no están colocando el interés superior del niño sino que están más preocupados por su imagen y esto es muy grave, significa que cualquier ciudadano sigue en riesgo ante cualquier hecho delictivo de un funcionario o funcionaria”.
De acuerdo con el representante de Redim, existe dificultades para obtener justicia ya que es algo complicado, porque hay una negativa de parte de la autoridad local para hacerlo, “pero estamos manteniendo ya el diálogo con las otras autoridades de la ciudad para hacerles ver la importancia del tema.
Hemos involucrado ya a organismos internacionales para que también puedan dar su opinión y si no hay condiciones para investigar de forma local solicitaremos la atracción del caso con la PGR. Se tiene que investigar qué sucedió, dónde estuvo el niño y los responsables por supuesto de este hecho”.
Además señala que se tiene que reparar el daño; “justicia significa sancionar, encarcelar a quien corresponda pero también reparar el daño físico, económico entre otros que está viviendo Marco Antonio y su familia. Y tiene que haber garantías de no repetición, es decir, cambios en protocolos, leyes, remoción de personal y todo lo necesario para que no se vuelva repetir el caso como éste”.
Informa que en este momento el menor no rendirá ningún tipo de declaración a las autoridades porque se encuentra en un colapso psicológico importante, “se tiene que cuidar de momento para que su declaración sea de la mejor forma y no lo revictimicen entonces también se está cuidando este proceso y los abogados y abogadas que llevan este caso estarán vigilantes para que no se cometa ningún atropello.
Este caso es atípico y es un éxito de la ciudadanía y de su indignación que logró que la presión alcanzará a quienes tenían a Marco Antonio para que lo liberarán con vida, eso es algo muy positivo, ahora entramos a otra etapa que sería el proceso de investigación y búsqueda de justicia”, puntualiza Pérez García.
Por su parte, el abogado Antonio Lara Duque, Presidente del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, quien también da acompañamiento al caso de Marco Antonio, señala a Revolución TRESPUNTOCERO que el caso viene a evidenciar la gravedad de la situación de derechos humanos.
“Esto rompe con el discurso gubernamental tanto el federal como el de la Ciudad de México, que señala que las violaciones a derechos humanos se dan en algunos puntos del país muy focalizados.
Obviamente se refieren a las secciones de Tierra Caliente en Guerrero, Michoacán, se refieren a las regiones de Tamaulipas, sin embargo ese argumento queda derribado con los sucesos que demuestran que la crisis de derechos humanos se vive en todo el país e incluso en la capital de nuestro país”.
Señala que también evidencia la ausencia de un sistema de procuración de justicia que dé inmediata solución a la problemática ante la desaparición forzada de alguna persona. Eso no existe en nuestro país y de nuevo el actuar de la fuerza pública (de las policias) se demuestra que está totalmente pervertido.
“Porque lo que es un hecho es que los últimos que tuvieron contacto con el menor fueron los policías. Con esto, el hecho que en nuestro país están desapareciendo niños y los elementos de seguridad se ven involucrados, nos tiene que llamar la atención. Por eso el reclamo debe de dirigirse a la definitiva transformación del sistema de justicia, de las instituciones de este país en términos de derechos humanos. Esto no puede continuar así”.
Lara Duque señala que un punto importante es que no se necesitaban cámaras de seguridad para conocer qué sucedió en ese momento y quiénes lo perpetraron ya que, “la policía tiene que tener totalmente clara la ubicación de todos sus elementos en todo momento, sin necesidad de cámaras, ellos saben qué elementos estuvieron en esa zona y en qué horarios; significa una falta de debida diligencia y coacción de la policía de la Ciudad de México.
Además se suma que hubo una lentitud en el actuar, una falta de debida diligencia, no estuvieron a la altura de lo que ameritaba la situación del muchacho. Por eso esta situación viene a desnudar el riesgo de perder la vida libertad y la integridad que en su conjunto son graves violaciones a derechos humanos, no son casos aislados, es una actuación transversal desde la frontera norte hasta la sur en nuestro país”, afirma Lara Duque.
