Guillermo Padrés Elías libró este jueves el juicio que le fue iniciado por lavado de dinero y defraudación fiscal, cometidos en el 2015, por un monto de 8.8 millones de dólares.
“Ahora sólo tiene pendiente que en breve una juez federal de Toluca se pronuncie respecto a si debe o no continuar procesado por otro lavado de más de 10 millones de pesos”, se informó.
Fue Guillermo Urbina Tanús, Juez Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, quien dictó la libertad por defraudación fiscal y lavado al ex Gobernador de Sonora, al estimar que “la acusación carece de elementos e incumple con las formalidades legales, informaron funcionarios del Poder Judicial de la Federación”.
El pasado 12 de diciembre, Urbina ya había cancelado el delito de lavado de dinero en la misma causa penal, “en cumplimiento a una sentencia de amparo dictada por el Décimo Tribunal Colegiado Penal”.
Sin embargo, su determinación fue invalidada y el juez obligado a pronunciarse de nueva cuenta por los dos delitos, debido a que “esa primera resolución no se apegaba debidamente a los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo”.
En el juicio de garantías concedido al sonorense se condicionó al juez Urbina para dictar la formal prisión por lavado sólo en caso de que la acusación de la PGR estuviera precedida de una querella; mientras que en el caso de la defraudación fiscal, tenía que existir precedente de una auditoría del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Debido a que ninguno de los dos requisitos de procedibilidad fueron cubiertos y, además, Padrés presentó una serie de documentos para acreditar que había pagado y no debía impuestos del ejercicio fiscal 2015, “el juez dictó la libertad a su favor por los dos delitos”, de acuerdo con Reforma.
La acusación de la PGR señaló al ex Mandatario de “constituir en el 2011 una empresa en Holanda de nombre Dolphinius CV para esconder los sobornos que presuntamente recibió del empresario Mario Humberto Aguirre Ibarra, por adjudicarle contratos millonarios de uniformes escolares”.
En total, se le acusó de “transferir al extranjero 8 millones 830 mil dólares para después traspasarlos a diversas cuentas bancarias y reingresarlos al país, a una cuenta de la empresa Minera SWF, propiedad de Padrés y sus familiares”.
