Por: Carlos Bauer
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Un prisionero político es una persona que se ha visto privada de su libertad por resultar incómoda al poder político o económico –totalmente indistinguibles en las sociedades contemporáneas. Son personas que cayeron en su condición de prisioneras por señalar los abusos del poder y constituirse en un referente en las luchas de la sociedad.
A veces se encuentran presos acusados por delitos que no cometieron, otras veces su condición de presos políticos se evidencia porque los delitos de los que se les acusa generalmente permanecen impunes pero con ellos la justicia fue excepcionalmente expedita y severa. En ocasiones simplemente se les priva de la libertad sin ningún argumento, sobre todo en los regímenes totalitarios –porque también las supuestas democracias avanzadas tienen sus presos políticos.
Pero una estrategia recurrente de los Estados para tender un manto legal sobre el encarcelamiento sistemático de los opositores ha sido la creación de códigos penales ad hoc. En México existió hasta 1970 el delito de “disolución social”, creado por el presidente Lázaro Cárdenas para impedir el amotinamiento y la sedición de los grandes intereses económicos ante la expropiación petrolera y la reforma agraria; pero utilizado por sus sucesores para reprimir brutalmente los reclamos populares. Este uso culminó en la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968.
Los protocolos para el “Control de Multitudes” y para detener “adolescentes en conflicto con la ley” recién estrenados por el Gobierno del Distrito Federal, recuerdan ominosamente la práctica de legalizar los actos de abuso de autoridad, dejando a los luchadores sociales en la indefensión jurídica.
En Estados Unidos, la brutalidad policíaca utilizada contra los participantes en las manifestaciones pacíficas del movimiento #Occupy puso de manifiesto que el establishment estadounidense no está dispuesto a tolerar la existencia de un colectivo que día a día desvelaba las injusticias de un sistema económico que hace tiempo dejó de encarnar el american way of life. El soldado Bradley Manning, quien padece tortura y reclusión en condiciones degradantes bajo los cargos de ayudar al enemigo y poner en riesgo vidas estadounidenses, se ha convertido en símbolo de la lucha por la transparencia. A Manning se le acusa de dar a conocer documentos que prueban la sistemática violación a los derechos humanos practicada por el ejército de Estados Unidos. Los violadores de derechos humanos están libres, quien los denunció enfrenta la posibilidad de la pena de muerte.
Hay una nación en la que “preso político” es un concepto que aglutina y da identidad a la sociedad entera. La opresión ejercida por el Estado de Israel sobre el pueblo palestino desde hace más de medio siglo ha hecho de los 5,000 palestinos presos en cárceles israelíes ejemplos de resistencia y fe en la justicia de su causa: el respeto a las resoluciones de la ONU que desde 1967 partieron la Palestina histórica en dos Estados para dos naciones.
No se puede hablar de presos políticos en el siglo XXI sin mencionar a Julian Assange, quien el 19 de abril cumplirá 10 meses asilado en la embajada de Ecuador en Londres para evitar convertirse en el preso político más famoso del mundo después de que la policía británica lo arrestó siguiendo una orden internacional de captura emitida por Interpol a solicitud de una fiscal sueca Su delito fue sostener relaciones sexuales con un condón roto, cargo que en Suecia se castiga con una multa. El mismo Stegan Lindskog, juez de la Suprema Corte de Justicia de Suecia, ha dicho que las acusaciones con que se pretende juzgar al fundador de Wikileaks son insostenibles. Assange argumenta que esto es una simple excusa para extraditarlo a Suecia y de ahí a Estados Unidos, donde sufriría el mismo destino de Bradley Manning: las leyes estadounidenses contemplan que basta con acusar a una persona de terrorismo para despojarla de todos sus derechos.
