(07 de marzo, 2018. Revolución TRESPUNTOCERO).- “Alejandra”, tiene 25 años de edad, es migrante guatemalteca, quien se empleó en un comedor en Ciudad Hidalgo, Chiapas, aunque minutos después supo que se trataba de un bar; “tenía la necesidad de juntar dinero para irme a los Estados Unidos. Estuve haciéndola de mesera pero como atiendes borrachos ellos quieren otra cosa, por unos pesos extras.
Después de unos meses, un día me tocó que llegarán los policías que hacer redada, ya había pasado en otros sitios pero no ahí, no sé qué pasó. A mí me sacaron a empujones, me dijeron que les diera lo que tenía sino quería ser violada. Nos explicaron que no es que hubiera delito solamente que éramos ilegales y teníamos que ser deportadas. Aunque en esa zona es normal que haya mucha gente de Guatemala y otros lados sin papeles, pero no les dicen nada, no les hacen nada. Yo tuve que pagar para que soltaran pero no solamente con dinero, es lo malo. Así nos pisotean como basura.
Los migrantes y sobre todo las mujeres comenzamos a padecer desde que ponemos un pie en México, a lo largo de todo nuestro camino hay sufrimiento, por parte de autoridades, de bandas como las Maras, que en el menos peor de los casos te violan pero otros te secuestran para prostituirte. O te avientan del tren donde o sufres fracturas o heridas o te cercenan un brazo, mano, pie o cabeza. Tan peligroso es intentar cruzar la frontera a Estados Unidos, como lo es cruzar México o tal vez es peor; yo me regresé”, narra a Revolución TRESPUNTOCERO la muchacha.
Según datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2010, de la población extranjera en Chiapas 55% eran mujeres, la mayoría guatemaltecas con 66%, hondureñas con 11%, salvadoreñas con 6% y de otros países, 17%.
De acuerdo con información del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova a partir del registro de procesos organizativos con mujeres migrantes en la plaza de Tapachula, Chiapas, como características principales de esta población se mencionan a mujeres jóvenes en edad productiva y reproductiva, con altos niveles de analfabetismo o pocos años de escolaridad acumulada. Sus dinámicas migratorias fueron: establecidas, transfronterizas y temporales.
La oferta laboral para ellas se concentra en especial en tres áreas: el trabajo agrícola, la industria del sexo y el entretenimiento y los trabajos domésticos y de cuidados.
“Hay que mencionar que las mujeres chiapanecas también tienen intensos procesos migratorios, tanto las que emigran de su comunidad y las retornadas, así como las que son familiares de migrantes, que también tienen un importante papel en el sistema de movilidad humana”.
Así, las mujeres migrantes y originarias que viven en Tapachula han hecho frente a la violencia a lo largo de su vida, desde las condiciones extremas de las guerras hasta la cotidianidad en el ámbito del hogar. Son estigmatizadas por ser extranjeras “indocumentadas”, pobres, ignorantes, indígenas y otros señalamientos, explica la información.
Esto genera violencias naturalizadas y específicas en los diferentes sectores sociales y laborales donde se insertan las mujeres vinculadas con la migración en el Soconusco, dentro de toda su diversidad migratoria.
De acuerdo al informe Criminalización de mujeres migrantes Análisis de seis casos en la frontera sur, realizado por Centro Pro, entre las principales razones de estas mujeres para emigrar están: a) el apoyo a la familia, en especial a hermanos menores; b) conocer un lugar distinto al habitual —sobre todo una ciudad, puesto que muchas proceden de zonas rurales— y obtener recursos propios; c) continuar con sus estudios y escapar de situaciones de violencia intrafamiliar.
En 2015, Centro Pro comenzó la documentación para su informe, y señala que había un total de 96 mujeres privadas de su libertad en el Centro de Reinserción Social número 4 Femenil (CERSS) de Tapachula; de ellas 23 estaban acusadas del delito de trata de personas, 24% de la población total. De ese porcentaje, 70% de las mujeres inculpadas por el delito de trata venían de Centroamérica: 50% hondureñas, 17% salvadoreñas y 5% guatemaltecas.
En el caso de Lorenza, un hecho documento en dicho informe, se da a conocer que con 41 años, de nacionalidad hondureña y con un nivel escolar de primaria dio a conocer que llegó a México en 1999, “por problemas con el alcoholismo de su primer esposo, salió rumbo a este país y trabajó en dos bares distintos en Chiapas. Después de un tiempo decidió regresar a Honduras”.
La segunda vez que salió, llegó a Estados Unidos a trabajar en un bar en donde le pagaban por bailar y tomar cervezas con los clientes. Estuvo seis años trabajando en ese bar hasta que su madre recayó en su enfermedad y tuvo que regresar a Honduras a cuidarla.
Con el tiempo se le terminó el dinero y decidió irse a México donde un vecino en Honduras le ofreció trabajo. En 2007 llegó a Tapachula y comenzó a trabajar en un bar en el que con el tiempo descubrió que debía pagar una deuda para irse porque había sido vendida por su vecino.
Ahí mismo conoció a su pareja con quien tuvo tres hijas. Se mudó a vivir con sus suegros y continuó trabajando en los bares. Decidió separarse de su pareja porque no se hacía responsable de ningún gasto y se fue a vivir con una amiga. Contó con el apoyo de su cuñada para cuidar a sus hijas. Lorenza trabajó en diferentes bares de la ciudad de Tapachula y un día fue detenida en un operativo, señala el informe.
El 24 de octubre de 2014 a las 16:30 horas, mientras se encontraba trabajando, se llevó a cabo un operativo anti trata. El Ministerio Público de Tapachula, junto con la Policía Federal y la Policía Especializada Fronteriza, llegaron al bar donde se encontraban ella y su compañera, que también era mesera de nacionalidad hondureña y tenía 27 años de edad.
Recuerda que en el operativo también iba un agente del Instituto Nacional de Migración, pero se fue argumentando que ese operativo no estaba autorizado y que ahí no tenía nada que hacer.
“Los policías se llevaron todo lo que encontraron, incluyendo el dinero del bar, y les dijeron que las conducirían a declarar. Lorenza fue llevada a un edificio federal en la calle Akishino en Tapachula, y mientras estuvo detenida en ese lugar comenzó a sentir dolores y sangrados en el vientre; tuvo hemorragia y no fue atendida. La llevaron a la clínica para hacerle una revisión general. Había tres médicos varones que la desnudaron y uno de ellos la ‘revisó’ y tocó de forma violenta”.
Durante su detención en el Ministerio Público, Lorenza se encontraba muy mal, no entendía qué estaba pasando. Recuerda un momento en que se encontraba llorando en un rincón de la celda, cerraba los ojos y sólo veía la cara de sus hijas; en ese momento un policía federal se le acercó y le dijo que no tenían nada contra ella, que lo que estaban haciendo era una injusticia y no se quedara callada, que dijera la verdad.
“Después el Ministerio Público la engañó para que firmara unos papeles sin leer. Le dijo que la dejarían ir, que a las 09:00 horas saldría libre, pero que necesitaban que firmara un reporte, y para hacerlo más rápido le pidieron que firmara unas hojas en blanco.
Lorenza no sabía que lo que había firmado era su declaración autoinculpatoria, en donde sostenía que había cometido el delito de trata de personas en contra de su compañera de trabajo. Mientras estuvo detenida le sacaron fotos e hicieron exámenes de orina. Su cuñada y personas de la organización Brigada Callejera llegaron a preguntar por ella y les dijeron que no se encontraba ahí”.
Lorenza recuerda que un agente del Ministerio Público se le acercó y le dijo: “Sé que no eres responsable, pero en este caso no me puedo ir con las manos vacías y en este caso la bolita te tocó a ti”.
El 26 de octubre de 2014 a las 17:00 horas la trasladaron al CERSS no. 4 de Tapachula, donde le dijeron que debía pagar una cuota de 350 pesos por su ingreso. Estando ahí se enteró de que la acusaban de trata de personas con fines de explotación laboral. El 3 de febrero de 2015 se le dictó auto de formal prisión. En su proceso legal, su abogada de oficio le dijo que ella trabajaba desde su escritorio y era responsabilidad de Lorenza encargarse de llevar a sus testigos para probar su inocencia.
Su compañera del bar fue llevada a un albergue y la amenazaron con quitarle a sus hijos si acudía a defender a Lorenza. El 18 de marzo de 2015 recibió su sentencia: tres años de prisión, con libertad condicional. El 26 de marzo de 2015 salió libre bajo fianza.
