Por: Zazil Carreras
Twitter: @ZazCarreras3_0
Entre aplausos y durante la madrugada, tal como sucediera en la Cámara de Diputados, el Senado de la República aprobó en lo general la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, tras llegar a un acuerdo sobre el dictamen, cuatro horas después de haberle dado primera lectura y dispensando su publicación en la Gaceta Parlamentaria.
Siendo las 03:08 horas, la minuta se aprobó con 118 votos a favor y 3 en contra, éstos últimos por parte de legisladores del Partido del Trabajo (PT), que en voz de su coordinador, Manuel Bartlett, anunciaran durante la exposición de motivos de su bancada que no avalarían la ley de telecomunicaciones que permite la inversión extranjera de hasta el 100 por ciento.
Los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales Raúl Cervantes, de Radio, Televisión y Cinematografía; Alejandra Barrales, de Estudios Legislativos; así como Graciela Ortiz, expresaron que desde hace más de 15 años no se modificaba la legislación en la materia y que el trabajo realizado por el Senado de la República ha sido satisfactorio.
Dentro de las voces disidentes, Alejandro Encinas, senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), señaló que -lejos de conciliar entre dos grupos de poder y contener de manera eficaz a los monopolios- se mantiene intocado el monopolio de la opinión pública, lo que convierte a esta ley en parafernalia alrededor del Pacto por México, lo que significa -a final de cuentas- un engaño.
Recordó que abrir la competencia a más contendientes en la batalla de las telecomunicaciones no significa necesariamente la eliminación de las prácticas monopólicas ni el ejercicio pleno del derecho a la información porque no establece una auténtica pluralidad de medios ya que “Abrir el mercado de telecomunicaciones no implica necesariamente su democratización”.
Además, aclaró que esta ley en sí no se podía celebrar del todo, ya que la verdadera victoria vendría con la creación, discusión y aprobación de las leyes secundarias que le den vida, y que ahí reside la verdadera lucha.
Por su parte, Javier Corral, senador del Partido Acción Nacional (PAN), expuso que tenía “sentimientos encontrados” respecto de la reforma, ya que incluye ideas por las que siempre ha luchado, pero muchos cambios se fueron diluyendo.
Una de las partes que lamentó que fuera eliminada fue el dar vista al ministerio público sobre las prácticas monopólicas y además aclaro que el gran ausente de la reforma es que se siga permitiendo que, en materia de medios, sólo unos cuantos se sigan haciendo ricos con los bienes de la nación, ya que de entre los 10 millonarios del país, 6 son concesionarios de telecomunicaciones y radiodifusión.
Criticó también que los senadores cedieran ante las presiones de los empresarios modificando el Artículo 2, fracción Séptima, que devuelve el amparo directo y la suspensión del acto reclamado, con lo que se sigue dando a los dueños de los medios la oportunidad de resistirse a las resoluciones del Estado, ya que explicó que eso era otorgar certeza jurídica “para unos cuantos”, lo que finalmente sigue siendo algo no establecido por la ley.
Estos posicionamientos dieron paso a la discusión en lo particular de la minuta, en donde se desecharon la mayoría de los cambios propuestos por diversos senadores del PAN y del PRD, entre los que se encontraban las propuestas hechas por Corral y Encinas, quienes señalaron que los artículos eran una simulación en beneficio de una de las cadenas de medios más grandes del país, Televisa.
Tal como sucedieran en marzo de 2006, con la llamada Ley Televisa, que fuera aprobada en 7 minutos por la Cámara de Diputados y sin lectura previa, la aprobación de la Reforma de Telecomunicaciones se dio rechazando todas las reservas sin aceptar su discusión, incluida la reserva a uno de los artículos más controvertidos, puesto que el Artículo 28, fracción Séptima podría permitir con su contenido que los empresarios encuentren un recoveco legal que les permita resistirse a cumplir con las resoluciones de los órganos autónomos que, a partir de ahora, deberán crearse y administrar las telecomunicaciones mexicanas.
Además, se rechazó dentro de estas propuestas la que realizara el perredista Encinas para que en el artículo Sexto constitucional se incluyera, junto con el derecho de las audiencias, el derecho de los comunicadores.
“Fue por mezquindad”, señaló el senador perredista Luis Sánchez, a lo que añadiera Javier Corral que no se introdujo esta modificación ya que “lo relacionaron con el caso de Carmen Aristegui”.
En términos generales, la reforma fue aprobada por mayoría, dejando inconformes sólo a los legisladores que durante años han sido el ala progresista en la materia, y la minuta aprobada será enviada de nueva cuenta a la Cámara de Diputados para concluir el trámite legislativo correspondiente.
