La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en favor del adolescente Marco Antonio, al constatar la situación de gravedad y urgencia en la que se encuentra después de haber sido detenido y desaparecido, por parte de agentes policiales.
El pasado 23 de enero del 2018 el joven de 17 años fue detenido por policías de la Ciudad de México, siendo localizado cinco días después, con evidentes afectaciones en su salud física y mental, sin que al día de hoy se sepa adonde fue llevado durante este lapso.
Actualmente, Marco Antonio se encuentra hospitalizado en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía donde por varias semanas, lo que llevó a una Jueza Federal a solicitar al INNN explorará otras medidas alternativas; la CIDH expresa su preocupación por el suministro de un fármaco que podría afectar su salud y la falta de acceso pleno al expediente, por lo cual la familia desconoce absolutamente el tratamiento que se le brinda a su hijo. La CIDH cuestiona que se difundan aseveraciones sobre antecedentes psiquiátricos y de drogas sin sustento alguno, por lo que sin diagnóstico coloca en duda un tratamiento basado en un diagnóstico poco sólido.
Derivado de lo anterior, la CIDH determinó que los derechos de Marco Antonio a la vida, integridad personal y salud se encuentran en riesgo de sufrir un daño irreparable, por lo que ordenó al Estado Mexicano que adopte las medidas necesarias para preservarlos, teniendo en cuenta el interés superior de la niñez; y que acuerde éstas medidas con él, su familia y sus representantes, especialmente respecto de la atención médica y psicológica, garantizando su autonomía y consentimiento informado.
En su resolución la Comisión consideró el riesgo derivado de la difusión de datos personales e información que estigmatiza a Marco Antonio vinculándolo con el consumo de drogas y con problemas psiquiátricos previos a su desaparición. Además, destaca que la CIDH incluya específicamente la obligación de proteger el derecho a la salud, incluyendo en específico la salud mental.
Asimismo, el equipo de defensa saludó la disposición para trabajar en coadyuvancia de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la Procuraduría General de la República.
La solicitud de protección interamericana de derechos humanos fue solicitada por la Defensoría por los Derechos de la Infancia (ODI), la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP).
Exhortamos a las autoridades mexicanas a cumplir con las medidas ordenadas por la Comisión de forma inmediata y proteger los derechos de Marco Antonio de manera que pronto pueda retomar su vida en condiciones seguras, y lamentamos que no existan condiciones objetivas e imparciales para investigar el caso en la Ciudad de México.
