Por: Gibran Ramírez Reyes
El Pacto por México es varias cosas a la vez. Es, primero, un mecanismo hegemónico que estabiliza el régimen político neoliberal (y tecnocrático). Es, después, un instrumento artificial para refuncionalizar el presidencialismo mexicano tradicional. Y es, por último, un espacio de negociación muy limitado. En suma se trata de la modernización del régimen imperante. En este artículo intentaré trazar algunas líneas para interpretar el pacto yendo de aspectos generales hacia aspectos específicos.
Unidad, hegemonía y marginalidad
Enrique Peña es uno de los presidentes de los últimos tiempos que tiene más condiciones a su favor para ejercer el poder. En la pasada elección, los partidos de derecha (PRI-Verde, PAN, Panal) obtuvieron en su conjunto 65.89% de la votación con 33 037 307 votos reconocidos en el cómputo final. Además de ello, es uno de los presidentes que mantiene más unida la elite tecnocrática neoliberal. Es decir que, trampas aparte, la derecha neoliberal se coloca indiscutiblemente como el sector político hegemónico. Como la hegemonía siempre es “consenso activo” o consenso consensuándose, el pacto es un instrumento para ganar el consenso que no han dado las elecciones, pues casi 16 millones de personas votaron por una opción no sólo distinta sino contraria a la que domina en la actualidad y que fue representada por Andrés Manuel López Obrador. El pacto genera así una unidad ficticia, simbólica y artificial —diferente al mandato de las urnas— que sirve para establecer como anormales, extremistas, recalcitrantes y amenazantes a quienes se coloquen en oposición a “las reformas que México necesita”.
¿Cómo se genera estabilidad para un régimen que parecía severamente amenazado por la oposición de izquierda sobre todo a partir de 2006? Se hace relocalizando la díada izquierda-derecha alrededor de un programa mínimo compartido: lo que se conoce como políticas de estado, que no son otra cosa que aquellas en que existe un acuerdo programático, tácito o explícito, entre cada actor importante para el régimen político.
El pacto ha comenzado esa operación y han empezado a verse resultados. Sus frutos hasta ahora —en el ámbito legislativo— son las reformas en materia educativa y en materia de telecomunicaciones. En cuanto a políticas públicas, se ha creado el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre. A las tres políticas podemos darles el beneficio de la duda pese a los riesgos que presentan y que serían tema de otro artículo, pero necesariamente hemos de preguntarnos si no podían ser procesadas únicamente por el cauce institucional destinado para ello: el Congreso de la Unión. La experiencia dice que no, que las iniciativas suelen perderse en el cálculo político inmediato y se empantanan en las Cámaras.
Cada una de las propuestas señaladas podrían ser parte de un amplio acuerdo legislativo que diera prioridad al procesamiento de los temas en los que se tienen coincidencias, pero no sucedió así. Parece sugerirse, implícitamente, que en nuestro régimen las negociaciones tienen que ser conducidas y arbitradas por la presidencia de la República y previamente al proceso legislativo para que puedan rendir frutos en plazos definidos. De esta forma, la institución presidencial adquiere una funcionalidad que parecía haber perdido durante los gobiernos del PAN. No tiene mayoría legislativa, pero las propuestas que envíe serán respaldadas por importantes sectores del PAN y el PRD debido a la negociación previa.
La definición de estas políticas de estado tiene, sin embargo, claros límites. Como lo ha reconocido Pablo Gómez , miembro del Consejo Rector, el Pacto no aspira a cambiar el régimen político. En mi opinión se trata de un espacio de negociación limitado porque puede aceptar importantes propuestas de los partidos en tanto no sean básicamente antineoliberales. Esta es la gran paradoja del pacto: permite que se generen condiciones de posibilidad para cambios necesarios y que podrían ser benéficos (como los ya mencionados) pero que, al mismo tiempo, son necesarios para obtener la fuerza y la legitimidad que dé impulso al neoliberalismo, fortalecer al presidente y a su partido. Es renunciar a lo más por lo menos y, si se me permite la expresión, correr el centro político hacia la derecha.
La estrategia del gobierno. Una operación política sólida y compleja
No construyo esta hipótesis sobre el aire. Apenas ayer nos enteramos por la prensa de que, después de entrevistarse con Agustín Carstens y Luis Videgaray, Christine Lagarde —la directora del Fondo Monetario Internacional— mostró admiración y entusiasmo por el amplio programa de reformas emprendido por Peña y que incluye “algunas privatizaciones en varios sectores de la economía”.
La sintonía del Fondo con el gobierno y las propuestas enunciadas en campaña por Peña, hacen pensar que las reformas estructurales anheladas por los ideólogos del neoliberalismo se llevarán a cabo en este sexenio teniendo el pacto como combustible. Me refiero a la privatización de la renta petrolera y a una reforma fiscal regresiva. La privatización de la renta petrolera se infiere del acuerdo 2.1 que establece que se promoverá la competencia en sectores estratégicos como el energético, y marcadamente en el área de hidrocarburos. Muchas de las propuestas más ambiciosas del acuerdo, como la seguridad social universal no asociada al empleo, se hacen depender de una reforma hacendaria cuyos términos no están todavía acordados. De aquí la presunción de que la reforma fiscal en puerta incluirá aumentos en impuestos indirectos como el IVA y su cobro en alimentos y medicinas. La izquierda pactista, autodenominada responsable, entonces podrá fustigar las propuestas y abandonar el pacto, pero si lo hace habrá caído en su trampa y pasará a ser parte de los anormales, radicales, extremistas, recalcitrantes y amenazantes enemigos de las “reformas que México necesita”.
Más allá del retiro temporal de la dirigencia del PAN de la mesa (orientado a encarecer los costos para el presidente), me parece que el pacto tiene vida asegurada por lo menos para los tres primeros años del gobierno de Peña por tres factores. El primero es que en esta legislatura Peña y su partido no tienen mayoría y necesitan de aliados, el segundo es que la unidad en el pacto es útil para enfrentar a poderes fácticos que impiden el desarrollo de, por ejemplo, la competencia en el mercado y, finalmente, porque en el pacto ganan todas las burocracias partidistas. Todos son necesarios para la otra parte. Explico por qué. El Pacto se suscribió entre tres actores principalmente: El PRI-gobierno (con el añadido del Partido Verde después), la burocracia del Partido Acción Nacional y la del Partido de la Revolución Democrática. Tanto el PAN como el PRD, pero principalmente el segundo, se encuentran divididos.
En el PAN, el ala calderonista está distanciada de la presidencia de Madero y en el PRD la burocracia del partido, dominada por Nueva Izquierda, está enfrentada con los bejaranistas, ahora aliados de Marcelo Ebrard. El pacto ha empoderado a ambas dirigencias, que además son útiles porque mantienen el control del rumbo y de los recursos de sus partidos. Pero también se ha cuidado de dar cabida a fracciones políticas significativas y simbólicas pero marginales. En su consejo rector se han incorporado, sólo para poner ejemplos a la izquierda y a la derecha, al antiguo socialista Pablo Gómez y al yunquista Marco Adame, que antes de esa posición carecían de cargos importantes y de peso político real. A ningún actor le conviene acabar con él en detrimento del poder que ahora pueden ejercer.
