(03 de mayo, 2018. Revolución TRESPUNTOCERO).- Kevin Alexander, migrante hondureño de 35 años de edad, fue la primera víctima de ejecución extrajudicial del 2018, en Nuevo Laredo. Era ayudante en una vulcanizadora.
De acuerdo con el testimonio de su pareja, Sara Alicia, elementos de la Secretaría de Marina los detuvieron la tarde del 18 de enero pasado. Kevin se encontraba a bordo de una camioneta en el crucero de Nuevo León y 20 de Noviembre, junto a la joven y a otro hombre.
Ella contó que los dos hombres fueron torturados por los marinos, pero solamente a Kevin se lo llevaron detenido. Además, dijo que, “los elementos se trasladaban en una camioneta tipo pickup color blanca sin placas de circulación”. De acuerdo a información proporcionada a Revolución TRESPUNTOCERO, la víctima fue localizada al día siguiente ejecutado y con huellas de tortura.
El anterior, no es un caso aislado. En Nuevo Laredo, de enero a la fecha, mes a mes se han incrementado las quejas por detención arbitraria por parte de elementos de la Marina, quienes, aseguran las familias, desaparecen a las víctimas y cuando llegan a ser localizadas es porque han sido semienterradas en brechas a las afueras de la ciudad.
“La Marina allana domicilios, detiene personas en la vía pública o dentro de sus vehículos y se los lleva. El resultado es una desaparición forzada y en ocasiones se finaliza con una ejecución extrajudicial”, afirman las familias de las víctimas.
Sobre la problemática, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, narra en entrevista para Revolución TRESPUNTOCERO que, a partir de enero las detenciones arbitrarias terminan en desaparición forzada y en algunos casos en ejecuciones extrajudiciales, siendo ya recurrentes en la región.
“Lo que nos llamó la atención es que las personas son detenidas arbitrariamente, después desaparecidas y finalmente fueron encontradas sepultadas de manera clandestina en los límites de Nuevo Laredo.
“La principal preocupación que observamos en ese momento, es que los familiares y algunos testigos referían que en todos los casos fueron detenidos por personal de la Secretaría de Marina. Del 18 de enero al 8 de marzo pasado habían ocurrido nueve casos de desaparición forzada bajo el mismo modus operandi. Para abril ya se contabilizaban 30 casos entre desapariciones y ejecuciones extrajudiciales”.
Una más de las detenciones arbitrarias que finalizó en una muerte violenta, se descubrió el 4 de febrero pasado. Cuando fueron localizados los restos de Hari Hassim Cruz Vázquez, de 25 años de edad, quien fue sepultado de manera clandestina en una brecha de terracería, a la altura del Boulevard Luis Donaldo Colosio Norte, en Nuevo Laredo.
De acuerdo con información proporcionada por los familiares, Hari habría sido detenido por personal de la Secretaría de Marina un día antes, en el crucero de Jesús Carranza y Zaragoza, durante un accidente vial. Estaba acompañado de su pareja sentimental Dafny Tamara Baez, quien hasta el momento se encuentra en calidad de desaparecida.
Durante febrero también fueron denunciadas las desapariciones de Noé Ignacio Alférez Hernández y Jonathan Ballesteros Loaiza, detenidos el domingo 18 de febrero pasado, por elementos de la Secretaría de Marina. Hasta el momento se desconoce su paradero.
Posteriormente, el 20 de febrero se denunció la desaparición forzada de otros dos jóvenes: Julio César Viramontes Arredondo y Edmundo Ramírez Rodríguez. Ambos detenidos en el crucero de Bravo y Esmeralda, por elementos de la Marina, según mencionaron los testigos.
Para el 25 de febrero se denunció la desaparición de Edgar de Jesús Pérez Lira, de 26 años de edad, sus familiares explicaron que salió de su domicilio y en el trayecto fue detenido por marinos. Hasta el momento no aparece.
Ramos explica que, en todos los casos se puede observar que el patrón se repite. Se inicia con una detención de personas en tránsito, en sus domicilios o en la vía pública. La mayoría son jóvenes, se encuentran implicados elementos de la Marina y con frecuencia los testigos y familias señalan que se usan camionetas tipo pickup blancas y un vehículo más de la Marina.
Al Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, las quejas comenzaron a llegar a partir del ocho de marzo pasado, las cuales se han sumado semana a semana. En todos los casos se habla de detenciones arbitrarias y se señala a la Marina.
“De quienes son ejecutados, llama mucho la atención la forma en que son enterrados. Lo hacen de manera superficial, como si quisieran que se encontraran los cuerpos fácilmente. En ocasiones exclusivamente con las manos a la vista o el rostro expuesto, lo que permite que se sepa que en ese lugar hay un cuerpo enterrado”, comenta Ramos.
De los cadáveres ya localizados, tres fueron encontrados en el poblado de Colombia, en Nuevo León en el mes de marzo; dos en Nuevo Laredo, rumbo a la carretera a Piedras Negras; cuatro en la carretera Monterrey – Nuevo Laredo, en los límites con Nuevo León.
A inicios de abril pasado, en la misma carretera Monterrey – Nuevo Laredo, en el kilómetro 174, aparecieron tres personas sepultadas. Para el 17 de ese mismo mes, se reportaron al Centro de DH de Nuevo Laredo, otras dos personas ejecutadas (anteriormente desaparecidas), en el poblado de Vallecillo, en la carretera Monterrey – Nuevo Laredo.
“Estamos hablando de 30 víctimas entre desaparecidos y ejecutados de manera extrajudicial. Son personas menores de 20 años en su mayoría, en dos casos son menores de edad de 14 años y un muchacho de 17 años, quien apareció ejecutado, en el kilómetro 127 de la carretera Monterrey – Colombia”, apunta Ramos.
De los casos tiene ya conocimiento la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, la Procuraduría General de la República en la oficina de Nuevo Laredo y la Secretaría de Marina. Sin embargo, ninguna de las dependencias ha dado explicación alguna sobre estos hechos, aun cuando hay familias exigiendo que se busque en los campamentos de marinos, porque aseguran que tras la detención las víctimas han sido llevadas ahí. Lo cual también han manifestado testigos.
“Tanto en la PGR como en la CNDH, la Secretaría de Marina ha negado su participación y han argumentado que podría tratarse de personal civil que está usando vehículos y uniformes clonados.
“Para nosotros no es una versión creíble porque tenemos evidencia que en al menos tres casos de ejecución extrajudicial, hay participación del personal de la Marina, en su momento se presentará ante las autoridades. Han sido sepultados en los límites donde convergen tres estados: Coahuila -carretera Piedras Negras-, Anáhuac y Sabina, Nuevo León que es la carretera nacional y Nuevo Laredo – Colombia (Tamaulipas), esta última tiene la particularidad que es una carretera muy poco transitada y lo que han referido los familiares y testigos, en algunas quejas, es que también se realizan dichas detenciones en horas de la noche o de la madrugada, van a aquellos sitios donde no va haber testigos y ahí se cometen estas ejecuciones extrajudiciales”, explica Ramos.
Cabe señalar que, la localización de los cuerpos ha corrido a cargo de los familiares de las víctimas. En algunos casos al estar presentes en el momento de la detención, han podido seguir los vehículos, algunos enfilados hacia la carretera nacional, otros hacia Piedras Negras. Kilómetro por kilómetro han buscado un indicio que les permita llegar hacia los detenidos.
Las señales para ellos han sido vallas dañadas, donde para penetrar se cortaron alambrados de púas, o portones destruidos, que han sido dañados al chocar los vehículos con éstos. También se habla de humo, en los últimos tres casos de principios de abril, las ejecuciones extrajudiciales fueron realizadas de noche, después se incineraron los cuerpos de manera parcial con la finalidad de obstruir su identificación.
A la mañana siguiente, los familiares los ubicaron durante su búsqueda por las brechas ya que todavía estaba la humareda visible, también había restos de ropa. Por su parte, trabajadores de ranchos cercanos aportaron información a los familiares, confirmando que la noche anterior, observaron vehículos de la Marina y camionetas blancas por aquella zona.
“Es así como las familias han podido encontrar a sus seres queridos sin vida y sepultados de manera ilegal. Todos los ejecutados extrajudicialmente presentan signos de tortura y como huella puntual de esta barbarie siempre hay un tiro de gracia, ya sea en la nuca o en la frente, incluyendo a los menores de edad”, añade el licenciado Raymundo Ramos.
La Marina llegó a Nuevo Laredo en 2011, como parte del “combate al narcotráfico”. Sin embargo el impacto ha sido negativo “en extremo” para la sociedad civil, explica Ramos. A partir de su aparición en las calles, se comenzaron a registrar casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y se presentaron personas torturadas.
Los hechos han sido atribuidos a marinos, a partir de las detenciones arbitrarias, de acuerdo a familiares y testigos. Incluso, por los hechos denunciados en 2011, se obtuvo una recomendación a cargo de la CNDH, por seis personas desaparecidas; después se padeció otra crisis, señala Ramos, en el 2013, también se perpetraron ejecuciones y desapariciones forzadas por parte de Marina; esta situación violenta se repitió en el 2015.
“Ahora en 2018 se vive una crisis mucho más grave que las anteriores, los casos se han documentado de manera más completa que en ocasiones pasadas y nos damos cuenta que implica mayor número de personas desaparecidas, en tan poco tiempo. 30 personas en menos de 100 días, es una acción que debería de tener a todas las organizaciones o instituciones protectoras de Derechos Humanos creando mínimo, una comisión de la verdad”, señala Raymundo Ramos.
Tras consultar a expertos en el tema e intentar responder ¿Cuál es el objetivo de estas desapariciones-ejecuciones? ¿Por qué se están realizando en personas tan jóvenes, por qué la brutalidad de sus muertes y la impunidad para actuar? tres son las hipótesis que obtiene el presidente del Comité, Raymundo Ramos.
La primera tiene que ver con el crimen organizado. “Nos queda claro que hay una célula dominante y probablemente un grupo de marinos o de personas protegidas por marinos pretenden iniciar una guerra por el control de esa plaza. Es decir que personas del crimen organizado, se han intentado apoderar de la frontera de Nuevo Laredo”.
La segunda hipótesis es que, de acuerdo a Ramos, “estamos en un año electoral y pareciera que el propio gobierno quiere incendiar una ciudad y una frontera, enviando a sus marinos a provocar terror. Porque los allanamientos, las detenciones arbitrarias, la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales así como se han vivido en estos 100 días es en sí un acto de terror, terrorismo de Estado, es una idea más que debe de ser analizada”.
Una tercera idea, explica Ramos, pudiera ser la actuación del gobierno de Tamaulipas utilizando las fuerzas federales, en este caso la Marina, para tener el control político de la ciudad de Nuevo Laredo, es decir, estos elementos estarían actuando por órdenes del gobernador para apoderarse políticamente de ese territorio.
Durante las detenciones, también se ha denunciado allanamiento a casas en zonas residenciales, en donde elementos de la Marina cuidan al exterior mientras un grupo de hombres armados y vestidos de civil penetran en los domicilios, de acuerdo a un video obtenido por Revolución TRESPUNTOCERO.
Se ha mencionado que cuando no hay habitantes, se comenten robos y si hay personas dentro de los domicilios han sido detenidos. Los hechos se perpetran tanto en colonias populares, como en zonas residenciales; las detenciones arbitrarias se llevan a cabo en la entrada de Nuevo Laredo y han aparecido muertos a la salida de Nuevo Laredo, de acuerdo a los datos obtenidos por este medio.
“Este tipo de acciones, en caso que sea la Marina o la delincuencia organizada, no tienen que ver con cargamentos de droga, bodegas donde se pueda almacenar droga. No tiene como finalidad obstruir el tráfico de estupefacientes y tampoco prohibir la operación del cartel dominante o de los carteles dominantes.
“Con las detenciones no están afectando el negocio, la droga sigue fluyendo. La Marina al igual que el ejército y la Policía Federal deberían estar asegurando drogas o armas, pero en 100 días no han ocurrido casos importantes en materia de enervantes o armas, nada más se están atacando a civiles”, comenta el defensor de Derechos Humanos.
Una característica más de la zona donde algunos cuerpos han aparecido semienterrados, es que es una región donde opera la Marina. “Por eso es un indicativo que sus elementos están haciendo un trabajo no necesariamente transparente. En los límites de esos tres estados la Marina tiene campamentos”.
Hasta ahora la única explicación que ha mencionado la Marina es que podría tratarse de delincuencia organizada usando uniformes y vehículos apócrifos. Sin embargo, Ramos señala que, desde 2011 se ha dado la misma explicación, pero nunca se ha detenido a los culpables.
“Solamente dicen que han encontrado material clonado y vehículos abandonados, pero nunca han presentado a una banda de delincuentes y demostrado que se dedicaban a secuestrar o ejecutar a la sociedad civil utilizando vehículos y uniformes de la Marina. Por eso se piensa que dicha versión es parte de una estrategia que desde siempre ha usado la Marina para evadir su responsabilidad”, sentencia Ramos.
Hasta ahora, ninguna autoridad ha dado información sobre avances en las investigaciones y las familias continúan siendo quienes exploran de manera exhaustiva las brechas, en busca de de los desaparecidos o de sus cuerpos. Sobre los hechos, ni el gobierno federal ni el de de Tamaulipas y tampoco la presidencia municipal de Nuevo Laredo, han emitido un pronunciamiento o presentado un plan de búsqueda a las familias.
“No entendemos qué está pasando; si estas personas cometieron algún delito o tienen alguna orden de aprehensión o fueron detenidos en flagrancia deben de ser presentadas ante la autoridad competente. Así lo marca la Constitución. Pero en ningún momento otra ley les da facultades y poder a la Marina para que tomen en sus manos la vida de las personas. Además de esto, reitero, de manera enfermiza van a un lugar en despoblado, a una ranchería, a alguna propiedad privada y tratan de sepultar de manera clandestina a las víctimas”, menciona.
En semanas anteriores, los familiares han realizado manifestaciones además de presentar las denuncias por desaparición, buscando llamar la atención del Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, del gobierno federal, de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la PGR, pero hasta el momento, señala Ramos, ninguna de estas autoridades se han acercado para ofrecerles asesoría, algún tipo de ayuda o alguna mesa de diálogo, como lo han estado pidiendo con Segob o con el gobierno del estado, “prácticamente para las autoridades esto no está sucediendo”.
La CNDH ha realizado entrevistas y hecho inspecciones, pero no es suficiente porque los casos se han seguido presentando, además la Marina públicamente no ha dado ninguna explicación si es o no su personal, en tanto la PGR tampoco ha logrado identificar mucho menos detener a los responsables de estas acusaciones de desaparición forzada y ejecución extrajudicial.
“Al parecer, nada más en la PGR de Nuevo Laredo hay 15 denuncias formales de desaparición forzada de personas, en la Comisión Nacional debe de haber cuando menos 20 quejas formales por desaparición forzada o ejecución extrajudicial; en la Comisión estatal de Tamaulipas mínimamente 10 casos y en la Fiscalía Especializada en Personas no Localizadas de la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas, aproximadamente 15 carpetas de desaparecidos”.
Para el presidente del Comité de derechos humanos de Nuevo Laredo, es urgente que la Marina explique por qué no han podido identificar a su personal del apócrifo, así como dar a conocer cuales son los protocolos y pruebas que tiene para demostrar la participación de civiles usando uniformes y vehículos clonados.
También ha pedido que la Procuraduría “sea más eficiente en sus investigaciones, ya que hasta ahora ha sido lenta. Nosotros quisiéramos que a partir de un testimonio se pudiera hacer algo, revisar las instalaciones de los campamentos de la Marina, investigar a los vehículos que están siendo mencionados.
“Porque hay casos en los que se identificaron las camionetas e incluso se observaron que entraron a uno de los campamentos de la Marina. Pero la Marina sigue negando su participación y obstruye las investigaciones. Se tiene que reconocer que existen un problema grave de violación a derechos humanos, porque en uno de los casos también se ha informado de una detención arbitraria e identificado la unidad con el número 511445, pero ni con esta prueba se ha buscado en las instalaciones de los marinos.
Para la PGR nunca es suficiente una evidencia, un testimonio o una prueba. Para que la PGR pueda procederse necesita autonomía”, puntualiza el licenciado Raymundo Ramos.
A inicios de marzo, familiares de Andrés Lezama acusaron a elementos de la Secretaría de Marina de ejecutarlo de manera arbitraria, en el crucero de Reforma y Emiliano Zapata, en Nuevo Laredo, “después de simular una persecución y enfrentamiento armado”, señalaron.
La víctima habría sido detenida en terrenos de la colonia del ISSSTE, para después ser acribillado a bordo de su vehículo, “se simuló una agresión al personal de la Secretaría de Marina”, declararon.
El sábado 10 de marzo fueron localizados los restos del joven Glafiro Vázquez Hinojosa, de 21 años edad, sepultado de manera clandestina en una ranchería ubicada en el kilómetro 23 de la carretera federal Nuevo Laredo-Piedras Negras.
Hinojosa fue detenido por elementos de la Marina la noche del miércoles 7 de marzo después de salir de trabajar en una empresa de comida. Los hechos ocurrieron mientras caminaba por el Boulevard Luis Donaldo Colosio con rumbo a su domicilio ubicado en haciendas de San Agustín, en el kilómetro 16 de la carretera nacional, se informó.
Según versiones de testigos, el personal de la Marina que realizó la detención, se trasladaba en dos camionetas tipo pickup color gris y blanca. En tanto, el jueves 15 de marzo fue reportada la detención arbitraria y desaparición forzada de Juan Alberto Guerrero Santos, de 23 años edad, quien de acuerdo a versiones de sus familiares, habría sido detenido un día antes, a la altura del kilómetro 15 de la carretera nacional Nuevo Laredo – Monterrey.
La familia de Juan Alberto presentó una queja ante la Fiscalía Especializada en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad, iniciándose una carpeta de investigación. Cuatro días después de la desaparición, sus familiares fueron informados del hallazgo de un cuerpo con las características del muchacho, quien además de múltiples heridas de fuego y huellas de tortura, presentaba las manos atadas a la espalda con un cincho de plástico, similar a los utilizados por integrantes de las Fuerzas Armadas para asegurar a los detenidos, se informó a este medio.
El cuerpo de Juan Alberto Guerrero Santos fue encontrado dentro de una ranchería ubicada en el poblado de Ciénaga de Flores, en los límites entre Tamaulipas y Nuevo León, por la carretera federal Nuevo Laredo – Monterrey.
El 15 de marzo también, se denunció la detención arbitraria y posterior desaparición forzada de Miguel Angel Ramírez Ruiz, de 18 años de edad y Margarito Cárdenas Martínez, de 30. Un testigo mencionó que, ambos hombres fueron heridos con arma de fuego por elementos de la Marina en el crucero del Río de Janeiro y Santiago Medina, en la colonia Buena Vista, “luego de participar en un accidente vial”.
El 22 de marzo por la mañana, después de 48 horas de búsqueda, sus familiares encontraron los cuerpos sepultados de manera clandestina a orillas de la carretera federal Monterrey – Colombia, a la altura del kilómetro 125.
Familiares de las víctimas habían presentado denuncias formales por su desaparición en la Fiscalía Especializada para Atención de Personas no Localizadas o Privadas de su Libertad, en Nuevo Laredo, lo que dio paso a la apertura de carpetas investigación.
Brandon Eduardo Nevárez García, de 18 años de edad, también fue detenido de manera arbitraria y desaparecido de manera forzada. Los hechos ocurrieron el 16 de marzo y perpetrados por elementos de la Marina, afuera de un Oxxo ubicado en carretera Aeropuerto y calle Gutiérrez, informaron testigos.
Los familiares de la víctima también presentaron una denuncia formal en las oficinas de la Procuraduría General de la República, en Nuevo Laredo, donde se abrió una investigación por el delito de desaparición forzada.
Días más tarde, el 20 de marzo, fue localizado el cuerpo del menor Ángel Ulises García Aguiñaga, sepultado de manera clandestina en el interior del rancho “Mario Peña”, ubicado en el kilómetro 127 de la carretera federal Monterrey – Colombia.
Familiares de la víctima declararon que el joven había sido detenido por elementos de la Marina un día antes de su localización, después de salir de su domicilio para reunirse con amigos de su colonia.
De acuerdo con informes de la familia, el menor Ángel Ulises presentó heridas de arma de fuego y de arma blanca, así como marcadas huellas de tortura en su cuerpo.
El 21 de marzo fue reportada la detención arbitraria y desaparición forzada del menor Víctor Armando Martínez Frausto, de 14 años de edad, quien habría sido arrestado por elementos de la Marina, en el mismo lugar donde desapareció Brandon Eduardo Nevares García, hasta el momento se desconoce su paradero.
Revolución TRESPUNTOCERO, buscó la versión de la Secretaría de Marina sobre los hechos, siendo el Subdirector de medios de la Secretaría, el Capitán Sergio Suazo, quien detalló que por ahora no pueden emitir ninguna declaración, “por encontrarse en veda electoral. Solamente si se trata de un tema cultural o deportivo podríamos aportar declaraciones”, señaló.
También explicó que, no se puede referir a la problemática ya que si las familias han realizado algún tipo de denuncia a las instancias correspondientes, lo dicho por la Marina podría entorpecer las investigaciones y finalmente, Suazo señaló que, el fin de semana pasado las fuerzas armadas encontraron chalecos, en cateos en Nuevo Laredo, donde también aseguraron importantes arsenales de un grupo del crimen organizado, pero negó que se hubiera detenido a los portadores de estos chalecos, que se ha señalado son ‘apócrifos’.
** Como parte de esta investigación, la próxima semana Revolución TRESPUNTOCERO presentará una serie de casos, tanto de desaparición forzada como ejecuciones extrajudiciales, que forman parte de los 30 denunciados por las familias, en Nuevo Laredo.
