“La amnistía propuesta por Andrés Manuel López Obrador no aplicará para los criminales que hayan cometido delitos de lesa humanidad como tortura, violaciones sexuales y desaparición forzada”, aseguró la ex Ministra, Olga Sánchez Cordero.
Perfilada como Secretaria de Gobernación en el eventual gabinete del aspirante presidencial de Morena, si gana la elección de julio, la ex Ministra de la Corte aclara que la amnistía debe ser reglamentada en una ley, misma que debe establecer claramente en qué periodo de tiempo estará vigente y qué tipo de infractores podrán acceder a ella.
En entrevista con Reforma, propuso que la figura aplique para los delitos cometidos del 1 de diciembre de 2006, cuando el Presidente Felipe Calderón inició la “guerra” contra el narco, y el 31 de diciembre de 2018.
Sánchez Cordero, expuso que la amnistía sí permitiría liberar a ciertos presos, pero, acota, jamás a los grandes criminales ni a quienes hayan cometido delitos graves.
¿La amnistía no significa impunidad?
—No. En primer lugar, (se requiere) la elaboración de una iniciativa de ley, que pasa por el Congreso federal; no es un indulto que hace el Presidente, es una Ley de Amnistía. El universo de destinatarios tiene que ser muy determinado. No todos caben dentro de este universo, tiene que haber supuestos normativos que ubiquen a los destinatarios.
Los destinatarios de estas normas no pueden ser quienes hayan cometido ciertos delitos. Por ejemplo, quienes hayan cometido tortura, delitos de lesa humanidad, ejecución extrajudicial, desapariciones forzadas, violaciones a mujeres; tampoco embarazos forzados ni tampoco homicidio ni esterilización sin consentimiento.
Hay delitos ya en las convenciones internacionales que México ha suscrito y criterios de la Corte Interamericana y de Estrasburgo que no admiten ciertos delitos para entrar en la Ley de Amnistía.
¿Es falso el dicho de que quieren liberar a los presos?
—Claro que no (es verdad). Algunas de las personas que pudieran beneficiarse con esta ley por no haber cometido este tipo de delitos, por ejemplo, un encubridor, que no cometió el homicidio, o la violación, o la desaparición, o el secuestro, que no cometió un crimen de tortura, ¿por qué no se va a ubicar dentro de un supuesto de esta naturaleza?
Las amnistías que ha habido en México han sido por motivos políticos, no por motivos criminales. ¿Esta sería la primera en su tipo?
Sí, pero, insisto, no serían destinatarios de esta norma los grandes criminales y los que hayan cometido delitos graves. Dicen quienes han hecho estudios sobre el narcotráfico que éste ha creado, en los últimos 10 años, 600 mil empleos directos, que no son de alta criminalidad muchos de ellos. ¿Qué hacer con esas 600 mil personas?
¿Buscan quitarle base social al crimen y lograr la reinserción de los pobres enrolados en la criminalidad?
—Ese es el propósito: aquellos que han estado empleados por el narcotráfico por necesidad, por pobreza o hasta por la fuerza, que los tienen sembrando amapola, mariguana, que la cosechan o que hacen el trasiego de la droga, pero que no son criminales de alta peligrosidad.
(La amnistía) no es una estrategia de seguridad, es una estrategia de pacificación para transitar a una paz social y una recomposición del tejido social. Es justicia transicional, en donde la víctima es el eje fundamental.
¿Incluye legalizar el cultivo, uso y consumo de drogas?
—No lo he platicado con el candidato. Mi visión personal es que, definitivamente, hay que despenalizar la droga, probablemente, en una primera instancia. Desde luego, la mariguana, hay que despenalizarla, no digo legalizarla, que es diferente.
El otro tema es que, si una persona puede consumir la droga, la cadena -—desde la producción, el trasiego y hasta que la droga llega al consumidor— también hay que analizarla en una política pública si realmente vamos hacia la despenalización del uso lúdico de la mariguana.
¿El modelo seguido durante los últimos 12 años fracasó?
—Ahí están los resultados, las estadísticas oficiales sobre número de homicidios, de 30 mil personas que han desaparecidos. Ahí están las madres rastreadoras buscando a sus hijos, no es más que ver la realidad que está pasando en México, y lo que dice Andrés: “Vamos a atacar las causas: la pobreza, la falta de oportunidades”.
¿Qué mensaje daría a los familiares de las víctimas si la idea es que los victimarios sean perdonados?
Primero, que no se va a hacer la amnistía para los criminales que han cometido delitos graves. Segundo, que, en esta justicia transicional, las víctimas van a tener cuatro derechos fundamentales: conocer la verdad, saber qué pasó con sus familiares; acceso a la justicia; un mecanismo para la no repetición y, por supuesto, la reparación del daño.
Estos cuatro derechos están en el centro de una justicia transicional, que es aquella que atiende un problema social y que transita hacia el restablecimiento de la paz, de la vida cotidiana armónica y, desde luego, el respeto a las instituciones.
