A pesar de la exigencia de las organizaciones civiles de no promulgar la denominada “Ley Chayote” Enrique Peña Nieto firmó el pasado 8 de mayo el decreto con el que se expide la Ley de Comunicación Social.
“La presente Ley tiene por objeto establecer las normas a que deberán sujetarse los Entes Públicos a fin de garantizar que el gasto en Comunicación Social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos”, se detalla en el Diario Oficial, en el segundo de los 45 artículos y ocho disposiciones transitorias que regularan la contratación de propaganda oficial.
Fue en noviembre del 2017, que la Suprema Corte de Justicia resolvió un amparo promovido por organizaciones sociales en donde ordenaban expedir la norma reglamentaria del artículo 134 constitucional a más tardar el 30 de abril.
De acuerdo con el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, con la aprobación de esta legislación se perdió la oportunidad de regular el uso de la publicidad oficial.
Por su parte el Instituto Belisario Domínguez, señaló que la ley define de forma vaga los contenidos autorizados y no autorizados, además que de permite que el gasto este por encima de lo programado.
Advierten que la redacción de los artículos 4 y 8 de la “Ley Chayote”, deja la posibilidad de difundir programas gubernamentales que no tienen utilidad para los espectadores. Además de que en el artículo 14 se considera que el informe anual de gestión de los servidores públicos no es una campaña de comunicación social.
Dicho de otra manera el IBD detalla que la definición de campañas de comunicación social no provee de elementos suficientes para que la autoridad reguladora haga una evaluación objetiva de las pautas comerciales de publicidad oficial, ni distingue entre los medios de comunicación.
