Un contener de organizaciones agrupadas en la Red TDT, han dado a conocer que tienen información de distintas represalias por parte de las autoridades de Baja California en contra del movimiento “Mexicali Resiste”, derivado de sus crítica a distintas acciones de los poderes del estado. Es importante destacar que sus reivindicaciones como defensoras y defensores de Derechos Humanos, están precisamente vinculadas con el derecho del agua, han señalado.
Luego de la detención del activista León Fierro, acusado de intento de homicidio, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (del cual forma parte la Red TDT), ha señalado que sus familiares ven claramente en su detención un medio de hostigamiento y criminalización a quien ha protestado en contra la privatización del agua en el Estado de Baja California. “En este contexto hemos entendido que las acciones de las autoridades estatales parecen más bien una lección al movimiento, encarcelando a su líder más visible: León Fierro”, se ha informado.
Advierten que, en este escenario, el derecho al agua se ve amenazado por la instalación de la empresa trasnacional cervecera Constellation Brands, que ocupará 20 millones de metros cúbicos de agua al año, tomada de la red de agua potable para consumo humano, a pesar de los persistentes llamados de la ONU a racionalizar el uso del agua potable con un criterio de sostenibilidad. Quien distribuirá esta agua es la paraestatal Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM). Dicha agua es sustraída principalmente de la red de pozos como primera fuente y de las cuotas a México provenientes del Río Colorado.
El municipio de Ensenada, incluyendo la zona agrícola de San Quintín, sufren por la grave carencia de agua potable. Algunos expertos han propuesto construir un acueducto desde Mexicali para esa región, en lugar de entregar el preciado líquido a la trasnacional cervecera y a otras empresas privadas que consumen grandes volúmenes de agua en la región.
“En cambio, el gobierno estatal, al amparo de la Ley de Asociaciones Público-Privadas del Estado de Baja California, a la que también se opone férreamente el movimiento Mexicali Resiste y su líder León Fierro, decide imponer mediante aprobación por consigna del Congreso de Baja California, un endeudamiento público por más de 80 mil millones de pesos a pagar por los contribuyentes a 37 años, para financiar la instalación de dos plantas desaladoras privadas en Playas de Rosarito y en San Quintín. Consideramos muy importante el Recurso de Inconstitucionalidad contra esta medida presentado por los partidos de oposición en la legislatura local, Morena, PES y Partido de Baja California, ante la SCJN”.
Por lo anterior la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) hizo un llamado a los distintos poderes del Estado de Baja California a cumplir irrestrictamente el debido proceso en el caso contra León Fierro y otros activistas sociales y defensores de derechos humanos.
Al mismo tiempo, su exigencia a los Poderes del Estado para que cumplan de manera oportuna con el principio propersona establecido en la Carta Magna y con los derechos reivindicados por el movimiento “Mexicali Resiste”.
Además manifestaron su profunda preocupación y rechazo de manera categórica “la inadmisible valoración judicial, de que la convicción declarada en audiencia judicial por León Fierro respecto a su labor como activista y defensor de derechos humanos, haya sido considerada peligrosa por la juez Ruth Esperanza Álvarez para mantenerlo en prisión, cuando es evidente que se trata de un líder social”.
Pidieron a las autoridades estatales mantenerse a la altura de las circunstancias, pero sobre todo de las leyes mexicanas y los tratados internacionales ratificados por México, en particular los aplicables a las personas defensoras de derechos humanos.
