Héctor Estrada
Han pasado cuatro meses desde el estallamiento a huelga, seguida de una serie de actos de represión al interior de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) y el gobierno de Manuel Velasco mantiene aún las puertas cerradas para el grupo de docentes, investigadores y administrativos que fueron despedidos injustificadamente ante la embestida del actual rector y los poderosos intereses que han respaldado sus arbitrarios procedimientos.
Para recordar un poco, el golpe al contrato colectivo de trabajo se concretó el pasado 16 de enero cuando de manera arbitraria y sin advertencia alguna la rectoría, a cargo de Bayardo Eduardo Molina Hernández, en complicidad con la delegada de gobierno Karen Ballinas, dieron de alta a una nueva plantilla académica plagada de nombres vinculados a favores políticos. De la noche a la mañana se desplazó a miembros del cuerpo docente; muchos integrantes del Sistema Nacional de Investigadores, que llevaban años laborando ahí.
Los señalamientos hechos por el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Intercultural de Chiapas apuntan de manera directa a Karen Anahí Ballinas Hernández, enlace asignado por el gobierno de Manuel Velasco a esa institución, como responsable de la destitución arbitraria de la plantilla laboral para dar paso a la contratación de nuevo personal vinculado y recomendado por el gobierno estatal y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Chiapas.
Karen Ballinas no es un personaje nuevo en eso de los escándalos de la política local. Apenas en mayo de 2017 fue denunciada ante la entonces Procuraduría General del Justicia del Estado de Chiapas por encabezar un presunto proceso de desalojo ilegal y violento contra la familia Ruiz Hernández del municipio de San Juan Chamula; así como el Procedimiento Administrativo Número 0045/DRP/2015 por incurrir en responsabilidad administrativa al haber omitido presentar su Declaración de Situación Patrimonial por Conclusión de Encargo.
¿Pero qué le brinda tanta impunidad y poder? La respuesta podría esta muy cerca del gobernador chiapaneco. A Ballinas Hernández se le ha ligado sentimentalmente con el secretario particular y uno de los hombres de mayor confianza de Manuel Velasco: Ramón Guzmán Leyva. Los afectados por los abusos de Karen Ballinas han apuntado reiteradamente ese nexo como su principal línea de acción y garantía de impunidad. Por eso la desesperación y la furia que hoy invade el recinto universitario que ya ha cobrado victimas circunstanciales.
Al cuerpo docente no sólo se le ha relevado, sino también amenazado con procedimientos legales y el uso desmedido de la fuerza pública para disipar sus actos de resistencia. No se trata de un conflicto sencillo. Es a todas luces uno de los mayores ejemplos de represión y abuso gubernamental contra una universidad pública en Chiapas. No de debe olvidar por ningún motivo lo que sucede ahí, ni dejar solos a un cuerpo académico, investigadores y trabajadores administrativos que hoy pide a gritos la atención social para revertir semejante arbitrariedad… así las cosas.
