El informe presentado el lunes pasado por el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECDMX) es una prueba que acredita su omisión en el llamado Pacto de Civilidad que suscribió con varios partidos políticos, así como la responsabilidad del Gobierno capitalino y algunas Jefaturas Delegaciones en el uso ilegal de recursos públicos en la actual contienda, por lo que Morena presentará un juicio al respecto ante el Tribunal Electoral local.
Así lo advirtió el diputado Juan Romero Tenorio, al presentar la postura del Grupo Parlamentario de Morena ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sobre un Punto de Acuerdo para exhortar a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) a que, junto con el IECDMX, aceleren las investigaciones por la presunta utilización de programas sociales con fines electorales por parte de las Delegaciones Coyoacán e Iztacalco.
“Estaremos presentando un juicio electoral por la omisión de la autoridad electoral y la responsabilidad del Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, y de las demarcaciones territoriales en el uso ilegal de recursos en campañas electorales”, recalcó.
Señaló que si bien Morena respalda dicho Punto de Acuerdo, reitera su llamado a que las autoridades electorales cumplan con uno de sus objetivos institucionales: vigilar el proceso electoral, las condiciones de equidad de la contienda y el uso ilícito de recursos en ésta.
“Por ello, nos sumamos a este Punto de Acuerdo en el cual se exhorta a limitar el uso de recursos públicos en procesos electorales para evitar este ambiente de violencia política. Violencia política que el propio Código de Instituciones y Procedimientos Electorales determina como toda acción que tiene por objeto perturbar la libre participación de los ciudadanos”, puntualizó.
Romero Tenorio explicó que cuando el presupuesto público se desvía a fines electorales, se convierte en un recurso ilícito en las campañas y que en materia de fiscalización impacta en los topes de gastos de los candidatos que se benefician de esas actividades.
“La apología de la violencia inicia con el discurso y también con acciones disfrazadas del gobierno que impiden la libre participación de los ciudadanos, ya sea a través de acciones donde se utiliza recurso público para comprar o condicionar el voto, o se utilizan los programas sociales para coaccionar a los ciudadanos para tener una preferencia político-electoral”.
En ese contexto, el diputado Juan Romero recordó que en febrero pasado el IECDMX y algunos partidos políticos firmaron un Pacto de Civilidad y aprobaron unas reglas de neutralidad que deberían ser acatadas también por el Gobierno de la Ciudad de México y las jefaturas delegacionales.
“Se obligaron el Jefe de Gobierno y los titulares de las demarcaciones territoriales a hacer públicos los programas sociales, el padrón de beneficiarios de éstos y el cronograma de ejecución de los mismos. También se obligaron a presentar mensualmente el uso de espacios públicos, para evitar distorsiones en el acceso a eventos públicos por parte de los diferentes candidatos, coaliciones o frentes políticos en la Ciudad de México”, enfatizó.
Agregó que ante la omisión de las autoridades capitalinas en la observación de la ley electoral, en su oportunidad Morena solicitó al Consejero Presidente del IECDMX, Mario Velázquez Miranda, que presentara un informe de cumplimiento de las reglas de neutralidad, pero que apenas lo hizo el lunes pasado en una sesión extraordinaria de su Consejo General.
“En el informe se acredita la omisión de las autoridades administrativas centrales y en las demarcaciones a transparentar el uso de recursos públicos y, más aún, existe un desvío de recursos para despensas, para botas de dulces, para regalos que se hacen sin ningún programa social y se hace por encima de cualquier competencia administrativa de las autoridades del Gobierno central y de las demarcaciones territoriales”, reclamó.
