El senador Manuel Barlett, dio a conocer a través de un documento 10 puntos para oponerse a los decretos del priista Enrique Peña Nieto.
Consideró que con los decretos las trasnacionales energéticas pueden utilizar el agua a su antojo, beneficiando a los privilegiados del sistema en detrimiento de los más pobres.
Señala entonces que se tendrán impactos que trasciendan este sexenio y afecten a la economía y la sociedad en los siguientes gobiernos, tanto a nivel federal como estatal.
Recordó que el candidato Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer el día de ayer que los decretos serán revocados cuando él sea Presidente porque son“madruguetes jurídicos” inaceptables por su opacidad y ausencia de legitimidad política.
Barlett, explica que no están fundados y no se deja claro cuál es su propósito, pues se entiende que los beneficios son para las empresas trasnacionales que explotan el agua.
“A nivel constitucional no se fundamentan en el párrafo sexto del artículo 4 de la Constitución que reconoce el derecho humano al agua y prohíbe la mercantilización de esos recursos” explica.
En este contexto, en el artículo 2 de la Constitución, se reconoce el derecho prioritario de los pueblos originarios al uso y disfrute de los recursos naturales que conforman su hábitat. A los cuales no se les realizó una consulta de forma previa, libre y sustentada
De igual manera, tampoco se considera la Observación General número 15 de la ONU sobre el derecho humano al agua, ni los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En dichas normas se obliga a que las políticas públicas del agua sean bajo los principios de participación popular y no discriminación.
El político subraya que además el decreto no muestra estudios académicos ni de técnicos independientes “Si se mantienen estos decretos estamos al inicio de serios conflictos sociales por el agua” expresó durante una conferencia de prensa.
Ante esta situación solicitó al Mandatario Peña Nieto que revoque todos los decretos de esta materia, además de que demanda la destitución de Roberto Ramírez de la Parra, director general de CONAGUA por su irresponsabilidad manifiesta y violación del interés general.
