Por: Zazil Carreras
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La discusión del arraigo en México tiene al Congreso de la Unión bajo la mirada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Human Rights Watch (HRW).
En pleno debate sobre esta figura jurídica, ambas organizaciones internacionales enviaron este jueves dos cartas a los legisladores miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales para solicitar que se vote en contra de la iniciativa del diputado priista Manlio Fabio Beltrones, quien junto con Gutiérrez de la Garza, pide ajustar el arraigo a 20 días con una prórroga máximo de 40 días.
Actualmente, el arraigo en México permite detener a una persona hasta por 80 días, mientras la autoridad indaga si participó o no en algún delito.
Las misivas – cuya copia posee REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO –, buscan concientizar al interior de la Cámara Baja sobre las condiciones actuales de arraigo en México: ofrecen a los agentes del Ministerio Público un incentivo para vulnerar garantías básicas contra la tortura.
Las cartas llegan en un momento clave para la justicia en México: además de la propuesta apoyada por el PRI, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, ha propuesto una figura llamada “Detención bajo control de juez”, una especie de arraigo que dejaría a criterio del juez el lugar donde el arraigo se llevará a cabo.
Esta postura, también es rechazada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Javier Hernández Valencia.
En contraposición, los partidos que postularon a Mancera al Poder Ejecutivo de la ciudad de México — PRD, PT y Movimiento Ciudadano — han solicitado la sustitución por la figura de medidas cautelares, que ya pertenecen al sistema acusatorio para presuntos delincuentes.
“Ni la propuesta para reducir el período de arraigo a un máximo de 40 días, ni la que pretende reemplazarlo con una modalidad de detención con control judicial de hasta 10 días antes de la consignación, se adecuan a lo establecido en las normas internacionales de derechos humanos”, señaló en su carta Human Rights Watch.
“Cualquier tipo de detención que no vaya acompañada de una acusación formal contra la persona detenida es contraria al derecho constitucional”, explicó Naciones Unidas en su misiva.
Los documentos, en poder de este portal, están dirigidos a los 30 diputados que integran esta comisión, que preside el perredista Julio César Moreno Rivera, quien como asambleísta de 2009 a 2012 dirigió la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en la Asamblea Legislativa del DF.
