12 años de guerra, más de 100.000 muertos, 32.000 desaparecidos, violación sistemática de los derechos humanos, implosión de la calidad democrática y corrupción extendida son algunos de los indicadores de la guerra contra el narcotráfico lanzada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa en el año 2006. El nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene en la seguridad uno de los desafíos más importantes para la gestión que iniciará efectivamente el próximo 1 de diciembre.
El pasado 4 de enero de 2018 Morena presentó sus grandes lineamientos en materia de seguridad, con innovaciones institucionales que prevén la re-creación de la Secretaría de Seguridad Pública, el desmantelamiento del CISEN, el posicionamiento en terreno de una Guardia Nacional y la capacitación policial mediante una Universidad de la Seguridad Pública. Adicionalmente el ejercicio efectivo del mando único presidencial y el rediseño de la carrera policial son parte de las propuestas de seguridad del nuevo gobierno.
Con mucha razón el futuro secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, afirmó que la anterior estrategia de abatimiento de los líderes de la delincuencia organizada no dio los resultados esperados y era necesario un cambio en la estrategia de seguridad. En la presentación se mencionó que “en pocas palabras, lo primero va a ser el desarrollo, el empleo y el bienestar para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia”.
¿Cuál es la estrategia de López Obrador? El 1 de julio de 2018, el electo presidente dio las grandes señales en su discurso de salutación: “cambiará la estrategia fallida de combate a la inseguridad y a la violencia. Más que el uso de la fuerza, atenderemos las causas que originan la inseguridad y la violencia. Estoy convencido que la forma más eficaz y más humana de enfrentar estos males exige necesariamente del combate a la desigualdad. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”. Mencionó que trabajaría con representantes de Derechos Humanos, líderes religiosos, Naciones Unidas y otros organismos nacionales e internacionales para la elaboración de un “Plan de Reconciliación y Paz para México”.
Las precisiones operativas sobre cómo llegará el nuevo gobierno a un México seguro en los próximos tres años se irán tejiendo (y suavizando) en los arduos meses de negociación que van desde ahora hasta la asunción del 1 de diciembre.
López Obrador no se manifestó claramente sobre la Ley de Seguridad Interior, que otorga a las Fuerzas Armadas una posición de privilegio respecto a la sustanciación y represión de las amenazas de seguridad. Sostuvo que su posición en el Poder Ejecutivo le permitiría contener la participación militar en el control interno, como si la amplia legitimidad electoral fuera suficiente para ignorar a los actores estratégicos cuya histórica cuota de poder, sin elecciones, ha definido siempre lo que se entiende por México. El nuevo presidente dijo que confía en que la Corte Suprema revise para mejor los lineamientos inadecuados de la ley, una expectativa muy incierta.
Es preciso señalar que las políticas sociales no traen de por sí mejoras en los indicadores de seguridad (menos aún lo hace el mero crecimiento económico) si no van acompañadas por políticas extensas de recuperación democrática de la territorialidad. Jóvenes que ahora están sin empleo ni educación (fuera del Estado) ganarán un salario mensual, con acceso a un trabajo y un estudio, pero seguirán viviendo en colonias empobrecidas, de difícil acceso y atestadas de maquilas just in time junto a grupos del crimen organizado que seguirán tan organizados como siempre, porque están integrados al Estado. La desigualdad es una entidad de espectro amplio y abarcativo, no reducible a simples cuantificaciones salariales o laborales.
La estrategia de seguridad no mide adecuadamente el grado de responsabilidad del Estado en la existencia y crecimiento del crimen organizado en México. Los dirigentes de Morena y el mismo López Obrador han afirmado con acierto que la corrupción y la impunidad tienen estrecha vinculación con la inseguridad. Sin embargo perciben la corrupción y la impunidad como fenómenos desviados del PRI y la “mafia del poder”, como si fueran un simple problema político de partidos o personas.
Es fundamental garantizar la paz y la tranquilidad. Ese deseo ha llevado a López Obrador a la presidencia del país en una arrolladora marea electoral sin precedentes, que ha barrido al sistema de partidos y a los líderes partidarios al mismo tiempo. Pero la paz y la tranquilidad han sido rotas y quebrantadas desde dentro del Estado, no fuera de él.
