Por: Redacción
Twitter: @Revolucion3_0
A la orilla de uno de los caminos principales del panteón Bosque del Recuerdo de Xalapa, Veracruz, están los restos de la periodista Regina Martínez. Ella, corresponsal del semanario Proceso, descansa bajo una planicie verde, de pasto perfectamente recortado, flanqueado por álamos frondosos.
Difícilmente las flores de su tumba se secan; casi siempre están ahí, frescas y moradas, justo arriba de ese chipote de tierra que indica su lugar en el camposanto, donde sus familiares y amigos le colocaron un cintillo que reza “Para ti Regina Verdad y Justicia”.
Es una promesa hecha por sus familiares y amigos desde el 27 de abril de 2012, cuando dos hombres entraron a su departamento para estrangularla y acabar, a sus 49 años, con la tinta de su pluma. A cambio de sus teclazos, sus seres queridos han ofrecido a la reportera defender lo que ella más valoraba en vida: verdad y justicia.
Una promesa que, a un año de su asesinato, ayer refrendaron cientos de periodistas que tomaron las calles de la ciudad de México, Veracruz, Chihuahua, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Los Ángeles, California, para ella y para los cientos de periodistas asesinados en México desde el 2000.
Lo hicieron marchando en la primera #JornadaPeriodistasMx, una invitación para que reporteros, fotógrafos, camarógrafos, comunicadores y ciudadanos hicieran visible su exigencia de mayor protección al trabajo informativo y evitar enterrar más colegas como Regina. Sólo en el Distrito Federal, unos 300 caminaron desde la Secretaría de Gobernación hasta la representación de Veracruz en la capital.
Caminaron y gritaron consignas por su seguridad, porque en México sólo es cuestión de tiempo que otro periodista vaya al panteón. Específicamente, es cuestión de 36 días.
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Desde el 2000 hasta la publicación de este texto, 129 periodistas han sido asesinados o desaparecidos en México. Reporteros, locutores, fotógrafos, presentadores de noticias, investigadores y hasta tuiteros que se dedicaban a hacer “periodismo ciudadano” ya no están con sus seres queridos por acción del crimen organizado o por la omisión de las autoridades.
Así lo señala el recuento del proyecto “Cartas a nuestros periodistas”, que busca que reporteros, tuiteros, líderes de opinión, deportistas, artistas, amas de casa, estudiantes y todo aquel interesado, escriba una misiva para un periodista víctima fatal de la violencia.
Si se suman los días que hay entre el inicio del siglo XXI hasta ahora, y se divide en los 129 periodistas que integran el proyecto editorial web, el resultado es que cada 36 días la familia de alguien que se dedica a informar a la sociedad debe preparar un funeral o dar aviso de desaparición forzada.
La mayoría de los casos se concentran en Veracruz, Chihuahua y Tamaulipas; hombres, principalmente. Los restos de violencia en los cuerpos dejan una señal clara de que fue la mafia la que los arrolló: torturados, desmembrados, con el tiro de gracia.
Nadie escapa al fenómeno: desde la tuitera colgada de un puente de Nuevo Laredo el 13 de septiembre de 2011 hasta el director editorial del diario “El Mañana” de Reynosa, pasando por indígenas como Teresa Bautista Moreno de la radio La Voz Que Rompe el Silencio de Oaxaca.
A veces sin manos, a veces sin lengua. Así indica el crimen organizado la “falta” de sus víctimas, que consiste en escribir o hablar de más sobre políticos o policías en las nóminas negras, contratos millonarios al amparo de la impunidad o, simplemente, prevenir a los ciudadanos sobre los lugares donde se desarrollan las balaceras.
Los avances en esta materia han sido pocos: frente a los muertos, la Cámara de Diputados reaccionó tardíamente y apenas el 26 de abril se aprobó que la PGR pueda atraer delitos del fuero común, como asesinatos y amenazas, contra periodistas.
“Creo que la consecuencia más devastadora de este clima de intimidación y miedo es el hecho de que hay cada vez mayor censura y que el problema ya no está afectando sólo a los periodistas, sino a todos los ciudadanos mexicanos en sus derechos humanos fundamentales a recibir información, a la libertad de expresión y a tener acceso a la información”, ha señalado Carlos Lauría, coordinador del Comité para la Protección de los Periodistas para el continente americano.
Les tomó seis meses validar esa iniciativa de ley que grupos de derechos humanos habían presionando, mientras en México cada 864 horas se registra un “caído” en la lucha por la libre prensa; un fenómeno que llevó a la ONU en 2011 a declarar a la tierra azteca como la más peligrosa para ejercer el periodismo, por encima de territorios en guerra como Afganistán.
El último asesinado fue Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, fotógrafo de 22 años del diario Vanguardia de Saltillo, Coahuila; sus restos mutilados fueron encontrados la madrugada del 24 de abril.
Antes de él, desconocidos balearon en Chihuahua, en 15 ocasiones, a Jaime Guadalupe González, director del portal Ojinaganoticias.com.mx, quien murió instantáneamente el 4 de marzo pasado.
Y, si el Estado se queda de brazos cruzados, en 36 días podríamos enterarnos de otro funeral y otra pluma sin tinta, como la que le arrebataron a Regina Martínez.
