El pasado 28 de agosto reunieron en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera. Hablaron sobre las problemáticas migratorias de ambos países y se pusieron de acuerdo sobre los principios que animarían el trabajo en conjunto sobre el tema.
En ocasión de la visita del secretario de Estado americano Mike Pompeo a López Obrador, éste le envió una carta al presidente americano Donald Trump. En ella se refería extensamente al aspecto centroamericano de la problemática migratoria mexicana. Afirmaba que “considero que debe atenderse de manera integral y de fondo el problema migratorio, mediante un plan de desarrollo que incluya a los países centroamericanos… Le comparto que mi gobierno está dispuesto a presentar a nuestro Congreso de la Unión la iniciativa y propuesta presupuestal para contribuir con recursos económicos y experiencia propias en este esfuerzo en conjunto. Si en este plan participamos Estados Unidos y México e incluimos a los países centroamericanos, aportando cada uno de acuerdo a la dimensión de su economía, podríamos reunir una considerable cantidad de recursos para el desarrollo de la región… cada gobierno, desde Panamá hasta Río Bravo, trabajaría para hacer económicamente innecesaria la migración de sus ciudadanos y cuidar sus fronteras opta evitar el tránsito ilegal de mercancías, armas y tráficos de drogas”.
La respuesta de Donald Trump fue más breve: “Estados Unidos le da la bienvenida a los migrantes legales de alrededor del mundo, pero no podemos aceptar la inmigración ilegal. Así como usted, considero que hacer frente a la inmigración ilegal involucra mucho más que tan sólo una frontera fuertemente asegurada. Estamos preparados para atender el tema del desarrollo económico, así como aquellos relacionados con la seguridad, que empujan la migración de América Central, pero también debemos incrementar la cooperación para proteger el Estado de derecho y la soberanía de ambos países, así como a los migrantes vulnerables que son victimizados por las organizaciones criminales violentas”.
La importancia que ambos mandatarios dan a América Central incluye el entendimiento de que la migración tiene un componente de seguridad. Si los mexicanos emigran a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, en Guatemala, Honduras y El Salvado, la principal causa de salida es la violencia, provocada en gran medida por las franquicias mexicanas del narcotráfico, en formato de contrainsurgencia.
Un acuerdo con Guatemala implica para México un cambio radical de política migratoria, si es que busca ser viable, todo lo contrario de lo que sucedería en un acuerdo migratorio con Estados Unidos. Entre enero y agosto de 2018 Estados Unidos deportó a 33,444 emigrantes guatemaltecos, una cifra que México superó con creces. En virtud de la colaboración migratoria entre México y Estados Unidos, 250.000 personas fueron deportadas por México hacia Centroamérica.
En julio de 2014 México puso en marcha el programa Frontera Sur para “proteger y salvaguardar los derechos humanos de los migrantes que ingresan y transitan por el país”, un lenguaje demasiado correcto para ser creíble. La instalación de la base militar Peña Blanca, pensada para fortalecer la seguridad nacional mexicana en materia migratoria con Guatemala, carga con mayor sinceridad.
En los cuatro primeros meses de 2018 el Programa Frontera Sur ha detenido a 9.995 niños, parte de los más de 68.000 niños migrantes que fueron detenidos en México en los últimos dos años. Pese a los tratados internacionales y las leyes propias que protegen a los menores en riesgo, el 91% de ellos fueron deportados a sus países de origen, donde regresan a la violencia originaria de la cual huyeron. En 2017 murieron en Guatemala 942 niños, el 77% por armas de fuego.
En el fondo de la idea conversada entre López Obrador y Morales subyace la intención de garantizar a los ciudadanos que llegan de Centroamérica el mismo trato digno que México exige para los migrantes en Estados Unidos. Parece difícil que si Estados Unidos endurece su trato migratorio hacia los migrantes mexicanos, México vaya a des-securitizar su política migratoria hacia Guatemala y desbalancear el inestable equilibrio existente sin contrapartidas efectivas. Detonar el desarrollo del sur mexicano puede frenar la estampida migratoria a ambos lados de la frontera, pero el costo de inversión será exclusivamente mexicano.
Guatemala quiere aprovechar las posibilidades de desarrollo que deriven de las iniciativas desplegadas por el futuro gobierno para detonar la economía del sureste y sur mexicanos, como el Tren Maya y el corredor del Istmo de Tehuantepec. Guatemala busca acceder a la inversión mexicana, algo que los cambios del mercado mundial vuelven ahora más posible que antes. Morales explicó que los temas de conectividad y megaproyectos planificados por México concuerdan con una visión a largo plazo de Guatemala, lo cual es cierto solo a partir del triunfo electoral del 1º de julio.
Algunos aspectos de la promesa del presidente electo pueden quedar eventualmente fuera de su alcance. El plan que propone el presidente electo incluye a Canadá, Estados Unidos, México y los países centroamericanos, que aportarán “de acuerdo con nuestras economías”. La respuesta de Donald Trump, coherente con lo que hizo en el TLCAN, sólo se refiere a Estados Unidos y México. Nuevamente Donald Trump coloca a México en la trampa bilateral.
