En los 8 Estados mexicanos que conforma el sur del país (Tabasco, Campeche, Quintana Roó, Yucatán, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz) se cometieron en julio de 2018 el 22% de los homicidios de todo México. Mientras en las 32 entidades fueron asesinadas 2599 personas, en el sur fueron 572 las personas víctimas de homicidio.
Pobreza e inseguridad no presentan de por sí vinculaciones automáticas. Aunque suena tan tentador como engañoso hablar de un norte rico pero peligroso y un sur pobre pero pacífico, una lectura atenta de la realidad no encuentra tales metáforas. Guerrero suma 188 homicidios en julio, tan pobre como inseguro. Jalisco, en el poderoso centro del país y ascendente cuarta economía nacional, acumula 153 homicidios.
Incluso Quintana Roo y su poderosa industria turística acumula 95 homicidios, en una situación a la que cualquier análisis minucioso y local califica como propia de una entidad crecientemente peligrosa. La inseguridad gira en entornos variados y crece en virtud de indicadores contextuales no unidimensionales. Una colonia próspera puede ser tan criminal como segura si allí viven los war lords del crimen organizado, o puede ser pobre y tranquila como las comunidades indígenas chiapanecas de Lacandona (donde la única violencia es la del Estado) o la comunidad autogestionada de Cherán, en el convulsionado Guerrero.
Veracruz, ciudad portuaria geopolíticamente clave en la historia mexicana por ser la ruta de las invasiones, acumuló 85 homicidios en julio (la menor cantidad del último año) pero 1.587 homicidios desde el pasado julio de 2017. Con sus 37 fosas clandestinas la entidad encabeza cómodamente un lúgubre récord nacional.
Chiapas, Oaxaca y Guerrero experimentaron un gran retroceso del PIB per cápita entre 2016 y 2017, mientras Campeche y Tabasco cayeron aún más fuerte, entre el 9.5 y el 9.3% anual. En 2003 el PIB per cápita anual de Campeche fue de 964,304 pesos pero en 2017 ya había caído un 58.1%, hasta los 402,340 pesos. Campeche sigue teniendo el PIB per cápita más alto del país en virtud del pasado boom petrolero, pero sigue cayendo sin cesar por la crisis internacional del sector. El turismo es la única actividad productiva del sur mexicano que escapa a la caída de los indicadores y muestra números positivos.
Allí encontramos entidades que experimentan una crónica crisis de conectividad, infraestructura y calidad educativa, todos factores que impactan para la conformación de un Estado de derecho maleable y excluyente.
El porcentaje de pobreza en Chiapas alcanza al 76.2%, en Oaxaca el 66.8%, en Guerrero el 65.2%, en Veracruz el 58%, en Tabasco el 51%, en Campeche el 44%, en Yucatán el 42%, en Quintana Roo el 29%. En el conjunto de los 8 estados del sur de México, donde vive un total de 28 millones de personas, el 61% (17 millones) son pobres.
Los anuncios del presidente electo relativos a una política que detone el desarrollo del sur mexicano a través de las Zonas Económicas Especiales – ZEE, el Tren Maya, la construcción de refinerías, el NAICM y otros proyectos tienen escasa vinculación e impacto sobre los indicadores de seguridad. Incluso se puede producir un aumento de la delincuencia compleja y organizada con disputas territoriales por el reparto ilegal de la nueva renta.
Muy por el contrario la mejora y sustentabilidad de la seguridad tiene estrecha relación con el Estado de derecho y las instituciones. El desarrollo del sur mexicano promete venir de la mano directa de la iniciativa estatal como organizadora de la iniciativa privada en mega proyectos de desarrollo y conectividad. El grado de discrecionalidad de los altos funcionarios responsables de adjudicaciones, intermediación, facilitadores y demás roles propios de los grandes flujos de capital, pondrá a prueba la capacidad de gestión política transparente y eficaz en momentos en que los decisores tendrán mucho poder y escasos controles.
En este contexto el convenio continuista de los senadores de MoReNa con Manuel Velasco Coello en Chiapas cobra una dimensión nacional peligrosa. Los nuevos dineros públicos serán gestionados por la aceitada cadena de la vieja dirigencia política. Allí es donde el crimen organizado puede encontrar cómodamente su lugar y garantizar el control territorial en disputa, sea éste representado por colectivos indígenas, activistas sociales o contratistas díscolos.
