El gobernador de Nuevo Léon, Jaime Rodríguez Calderón solicitó que sean los mismos diputados y senadores responsables de designar al titular de la Fiscalía Anticorrupción.
Rodríguez Calderón expresó que su estado es el único en el País en contar con un Sistema Estatal Anticorrupción integrado por participación ciudadana y que opera realmente.
“Va a ser el único estado que logre esa autonomía. El Sistema Nacional fue creado para evitar que los gobiernos se involucren, y con preocupación veo que el presidente electo quiere proponer al Fiscal General. Eso no está bien, debe seguir el ejemplo de Nuevo León. Es preocupante, él que decía que hay que combatir la corrupción y ahora deja esto en evidencia”, afirmó
Cabe recordar que actualmente la Auditoría Superior el Estado (ASE) en Nuevo Léon investiga la denuncia que interpusieron organismos ciudadanos contra el gobernador Jaime Rodríguez “El Bronco” ante el presunto desvió de recursos públicos en su campaña para la Presidencia de la República.
Fue el mes pasado que integrantes del Consejo Cívico hicieron propia la denuncia del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre el presunto desvío del mandatario, quien utilizó funcionarios públicos para reunir firmas para registrarse como candidato presidencial.
Será hasta octubre del siguiente año que la ASE de a conocer los resultados de la investigación, cuando se presenten las auditorías de las cuentas públicas correspondientes al presente año.
Fue el 6 de septiembre que los organismos Ciudadanos Contra la Corrupción, Consejo Cívico y Evolución Mexicana solicitaron a la auditoría investigar a el gobernador, por violar el artículo 3 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En ese momento, indicaron que se incluye en la demanda a los trabajadores del gobierno estatal que fueron acusados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de utilizar su tiempo laboral para recabar firmas a favor de “El Bronco”.
La denuncia entonces señala que es por los delitos de “Desvío de recursos, por el uso indebido de tiempo de trabajo de servidores públicos del Estado para obtener firmas y recabar apoyos en el proceso electoral relativo a la Presidencia de la República. Consideramos que esta decisión del Tribunal, puede contribuir al inicio de otra investigación en el ámbito administrativo”.