Millones y millones de pesos podrían haberse “escurrido” sin que nadie -aparentemente- lo notara. En México, existe un sistema de presupuesto público que habría facilitado que esto ocurriera. Hablamos de El Ramo General 23.
De acuerdo a su definición oficial, el Ramo 23 se trata de “ un instrumento de política presupuestaria que permite atender las obligaciones del Gobierno Federal cuyas asignaciones de recursos no corresponden al gasto directo de las dependencias ni de las entidades”. Según la instancia federal, se trata de provisiones salariales y económicas que tienen como objetivo otorgar recursos a los estados y Municipios a través de fondos específicos.
Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, visto de cerca, es un mecanismo financiero sumamente opaco que, de no ser administrado correctamente, permite un escape inadvertido de presupuesto público millonario.
En total para el 2017, la Cámara de Diputados aprobó $35,805.19 millones de pesos, mismos que serían solicitados Secretaría de Hacienda y Crédito Público por las entidades federativas y municipios firman un convenio para su transferencia.
Sin embargo, debido a que las reglas de operación de algunos fondos son específicos, y las autoridades no lleva un verdadero control, se ha utilizado para desvío de gastos. Y, sin embargo, cada año se destina más; por ejemplo, en 2012 contaba con 63 millones en 2012 y en sólo cuatro años creció a 141 mil millones; y este año, ascendió a 300 mil millones.
Algunos de los fondos donde se ha destinado más es el Fondo de Desastres Naturales, el Fondo regional; el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal; Fondo para la modernización del patrimonio cultural federal; Previsiones salariales, entre otros.
Algunos casos de corrupción
El PAN ha sido uno de los protagonistas en los escándalos asociados con el Ramo 23. Hace un par de años, el entonces líder palamentario del blanquiazul, Luis Alberto Villarreal, fue acusado de usar este recurso a su favor. Se rumoró que invitaba a los presidentes municipales a contratar servicios de empresas ligadas a su nombre.
Además, en 2013, Luis Alberto Villarreal y Jorge Villalobos, quienes fungían como coordinador y vicecoordinador en San Lázaro respectivamente, fueron acusados de exigir comisiones por otorgar presupuestos través del Ramo 23.
La propia Auditoría Superior de la Federación ha referido que este fondo es poco transparente y ha denunciado que “el diseño, la implementación y la eficacia operativa del sistema de control interno tiene debilidades significativas, las cuales por su impacto y probabilidad de ocurrencia ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos y metas, o motivan la existencia de un riesgo que, de materializarse, causaría un daño o perjuicio al erario público federal”. Sin embargo, en la Cámara de Diputados, Ramo 23 continúa teniendo sus defensores.
Morena busca cancelación
No obstante, Mario Delgado, coordinador de Morena, ha propuesto a Carlos Urzúa, próximo Secretario de Hacienda en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que se evalúe la permanencia de este mecanismo que favorece el uso discrecional de recursos públicos, conocidos también como “los moches”. Según el político, este programa se usaría como un “baúl” donde se meten todo tipo de negociaciones, permaneciendo estas en la oscuridad.
Se espera que en próximos días el Ramo 23 sea un tema de trabajo para el poder legislativo.
