La Relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Victoria Tauli Corpuz presentó en Ciudad de México el informe de su visita a México en noviembre del 2017, en donde expone que los indígenas guerrerenses son desplazados por la violencia y amenazas de los grupos criminales, por lo que los jóvenes deben decidir entre unirse a estos grupos o ser torturados, desaparecidos o asesinados.
En este contexto dijo que el gobierno debe de proveer los medios para financiar las funciones de autogobiernos indígenas como el de Ayutla, de acuerdo con los estándares internacionales, y recomendó tener coordinación entre el gobierno e instituciones comunitarias como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), cuyos integrantes sufren “persecución penal y criminalización”.
En otro tema destacó que los gobiernos estatal y federal mantienen la intención de realizar el proyecto de La Parota, pese a que los tribunales agrarios anularon los resultados de asambleas agrarias que aprobaron el proyecto que causaría desplazamientos e impactos a los recursos naturales.
Además de que los indígenas no son consultados en los proyectos realizados en su territorio y sus impacto, por eso comunidades como la me’phaa de San Miguel del Progreso, Guerrero han interpuesto demandas contra la Ley Minera.
La comunidad ha vuelto a presentar recursos legales por temor a nuevas concesiones, por lo que destaca la relatora que es urgente una atención especializada para el reconocimiento y protección de las tierras y territorios de los pueblos indígenas.
En el caso de Ayutla es una de las comunidades en donde se realizaron diferentes acciones legales para que elTribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validara el proceso de consulta que permitió que este año por primera vez se eligieran las autoridades mediante usos y costumbres.
“Se deben promover y fortalecer los sistemas de autonomía y autogobierno indígena, incluyendo sus sistemas jurídicos, incluido con la provisión de los medios para financiar dichas funciones autónomas, conforme al artículo 4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, expuso Tauli- Corpuz.
No obstante expresa que miembros del Consejo Municipal Comunitario de Ayutla, solicitaron ayuda para interceder ante las autoridades mexicanas debido a los obstáculos y negatividad para reconocerlos como autoridad.
Se indicó también que debido a la inseguridad, se han creado organizaciones indígenas como la Policía Comunitaria en Guerrero en 1995, reconocida legalmente en 2011, pero que pese a ellos sus integrantes sufren persecución penal y criminalización.
Por otro lado la relatora dijo que el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es emblemático y por ello las investigaciones deben proceder con celeridad de acuerdo con las recomendaciones del GIEI y el mecanismo de seguimiento establecido por la CIDH y las recomendaciones del sistema internacional.
Además en Guerrero, Chiapas y Chihuahua se dan desplazamientos forzados de familias y comunidades indígenas a partir de amenazas realizadas por grupos delictivos que se disputan los territorios, sin embargo la única respuesta del gobierno ha sido tener mayor presencia militar, lo que no ha eliminado el problema.
En las comunidades de Chilapa, Zitlala, Atlixtac y Ahuacuotzingo, se tiene un registro de cien mujeres monolingües desaparecidas. En el estado, “la presencia del crimen organizado en áreas donde también existen intereses mineros aumenta la vulnerabilidad de las comunidades indígenas” puntualizó.
