Un estudio de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que en 2016 los Servicios Estatales de Salud, a través del Seguro Popular, compraron insulinas a un precio tres veces mayor que el que pagó el IMSS.
Los Estados pagaron 526.6 millones de pesos por 3 millones de plumas de insulinas, 170 pesos por cada una.Mientras que el IMSS compró 12.6 millones de cartuchos de insulina por un total de 680.9 millones de pesos, es decir que gastó 54.5 pesos por cada uno.
“Lo anterior implica que los servicios estatales de salud potencialmente malgastaron 358 millones de pesos”, expone el documento que forma parte de la investigación Salud Deteriorada Opacidad y Negligencia en el Sistema Público de Salud.
Se indica que de haber comprado el Seguro Popular al mismo precio las insulinas, habría ahorrado mil 233 millones de pesos para el periodo 2011-2016. Además de ello se indica que la insulina no tiene la efectividad buscada.
Se analizaron los datos de 493 mil diabéticos que se atienden en diferentes entidades a través del Seguro Popular. De estos, 83 mil 711 tenían tratamiento con insulina NPH y otros 83 mil 711 con insulina glargina, que es entre cinco y 10 veces más cara. No obstante sólo el 14.1% de los tratados con glargina estaba controlado, frente al 14.4 % de los que recibían NPH.
Por ello se plantea, que si el tratamiento con insulina glargina no ofrece ventajas adicionales, los recursos que se invierten en su compra podrían usarse para adquirir más insulinas NPH y así enfrentar el desabasto de este medicamento, pues el 70% de los centros de salud reportan abasto irregular o desabasto total de insulina.
Además se refiere que en el Seguro Social el problema son las compras monopólicas. De 2011 a 2018, el 84% del monto total de la compra de insulinas estuvo concentrado en cuatro principales proveedores: Mayo, Ralca, Comercializadora de Productos Institucionales SA de CV y Landstainer.
La investigación detectó que hubo rotación de provedores, los que abarcaban 87% del monto de la compra en 2012 no figuran en compras posteriores a 2015, mientras que otros que no aparecían en 2012 abarcaron más del 45% de la compra entre 2015 y 2017.
“Habría que investigar a mayor profundidad este patrón de compras para descartar la posibilidad de que fuera resultado de favoritismos políticos o arreglos entre laboratorios y distribuidores”, expone la investigación.
