Esta mañana, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hizo un comunicado dirigido a Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que, al momento de resolver las impugnaciones a la Ley de Seguridad Interior, declaren la inconstitucionalidad de la totalidad de la misma.
Esto porque se considera que el Congreso de la Unión no tenía facultades constitucionales para expedirla, al estimarse que la Seguridad Interior no es una vertiente de la Seguridad Nacional.
Además, explica, “su vigencia permite perpetuar un estado de cosas inconstitucionales que resulta contrario al
pleno respeto a los derechos fundamentales y la dignidad de las personas, por lo cual se hace un atento llamado a las Ministras y Ministros para que reconsideren el contenido y alcance del artículo 20 de la ley, que establece una subordinación plena de las autoridades civiles al mando de las Fuerzas Armadas, por lo cual habría que reconsiderar que las acciones de seguridad deben ser dirigidas en todo momento por una autoridad civil, en pleno respeto de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales”.
La Comisión expresó su preocupación por el reconocimiento de validez constitucional que el proyecto propone sobre la incompetencia del Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad interior; la falta de consulta
previa a pueblos y comunidades indígenas; la subordinación de las autoridades civiles al mando de las
Fuerzas Armadas, y la facultad de las autoridades militares para solicitar cualquier información.
Mediante un comunicado, explicó que “la citada Ley establece la posibilidad de que las fuerzas castrenses realicen acciones en tierras ancestrales de comunidades y pueblos indígenas, y que, por lo tanto, es una norma que les impacta directamente”. Estableció que, “se debió consultarlos de manera previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, ya que el derecho a la consulta previa no depende de una afectación real a los derechos de pueblos y comunidades indígenas, sino de la susceptibilidad de que puedan llegar a dañarse, pues el objetivo de esa consulta es determinar si los intereses de esas poblaciones serían perjudicados”.
La CNDH finalizó su comunicado señalando que el Alto Tribunal debe realizar un nuevo análisis de esta postura, “tomando como parámetro el nuevo paradigma de los derechos humanos”. Además, que en lugar de ello, “deben privilegiarse la formación y capacitación de policías; la inteligencia financiera y la investigación patrimonial; el fortalecimiento de la prevención, como la atención de las desigualdades, privilegiando y atendiendo el ejercicio de los derechos sociales, así como la atención del tráfico de armas, además de realizar una revisión y replanteamiento de nuestro sistema penitenciario”.
