El Gobierno mexicano reconoció tener pendientes en temas como tortura, desaparición de personas, agresiones a periodistas y feminicidios, esto lo hizo ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Pese a ello, en el marco de su tercer Examen Periódico Universal (EPU), México recibió preguntas y recomendaciones de 108 países, como Dinamarca que sugirió “adoptar un mecanismo internacional contra la impunidad, mientras que Estados Unidos recordó los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya, como ejemplos de impunidad”.
A diferencia del 2013, cuando el entonces Canciller José Antonio Meade encabezó la delegación mexicana durante el segundo EPU, en esta ocasión Luis Videgaray no acudió a Ginebra, Suiza, por lo que el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Miguel Ruiz Cabañas, estuvo a cargo.
“México enfrenta retos considerables en materia de derechos humanos, no venimos aquí ni a minimizarlos ni a negarlos”, dijo Ruiz Cabañas.
“La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; la desaparición forzada de personas y la desaparición cometida por particulares; las amenazas y violencia contra defensores y periodistas; la violencia contra las mujeres; las violaciones contra personas migrantes; la discriminación contra grupos en situación de vulnerabilidad, pueblos indígenas, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, de la comunidad LGBT; la trata de personas y una tasa de impunidad lastimosamente alta nos exigen a todos los servidores públicos de los tres poderes y los tres niveles de Gobierno fortalecer nuestros esfuerzos”.
Rafael Avante, subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, reconoció que “han ocurrido tres homicidios de personas beneficiarias del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aunque se han gastado más de 767 millones de pesos en él”.
Entre las recomendaciones hechas por los países del Consejo de Derechos Humanos, Canadá planteó “atender el desplazamiento forzado de personas, Uruguay pidió reconocer la competencia del Comité contra Desapariciones Forzadas para que conozca casos particulares y Australia llamó a garantizar la conformación de una Fiscalía verdaderamente independiente”, informó Reforma. Mientras que Irlanda manifestó preocupación por los niveles de impunidad,
Suiza cuestionó la legalidad Ley de Seguridad Interior, a lo que el subsecretario Ruiz Cabañas respondió que “cumple con estándares interamericanos, pues desempeña los principios de excepcionalidad, temporalidad y subsidiariedad”.
