El relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, condenó los homicidios a los periodistas Jesús Alejandro Márquez Jiménez y Diego García Corona.
Consideró que es necesario que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador redoble esfuerzos para fortalecer las políticas de prevención y protección contra periodistas y medios de comunicación
“Para la relatoría especial es fundamental que las autoridades públicas se pronuncien en contra de estos crímenes que buscan socavar la libertad de expresión en el país”, aseguró el relator.
En ese sentido dijo que el gobierno de AMLO debe dar mensajes claro de que no tolerará esta clase de crímenes y explicó que las autoridades no deben descartar el ejercicio del periodismo como un móvil de los asesinatos o agresiones antes de que se complete la investigación, además de proveer recursos adecuados y personal especializado para investigar los hechos.
El organismo destacó que el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas condenó ambos homicidios ocurridos la primera semana de diciembre, y afirmó que están trabajando en un plan de prevención, protección, acceso a la justicia y reparación del daño que dé garantías a periodistas.
Con estos dos casos, en 2018 fueron asesinados 12 comunicadores en México, una cifra similar a la del 2017
“lo que sugiere que la violencia contra periodistas continúa afectando de manera grave a la sociedad mexicana”, indicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Luego de su visita a México en 2017, junto con el relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión y Opinión, David Kaye, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alertó que los ataques contra periodistas en este país persisten hoy en día, acompañados de un sentido continuo de inseguridad e impunidad
“La naturaleza sistemática de esta violencia requiere no sólo medidas individuales específicas sino también de acciones de naturaleza estructural. Instamos al gobierno mexicano a reemplazar este paradigma de impunidad por uno de investigación efectiva, procesamiento y monitorización consistente con sus obligaciones internacionales” señalaron.
Con información de El Universal.
