El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ordenó a la Procuraduría General de la República “entregar la versión pública de la averiguación previa y del expediente de seguimiento de cumplimiento a la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Tlatlaya”.
De acuerdo con el instituto éste deberá ser entregado en un plazo no mayor a 10 días. En tanto, el comisionado Joel Salas Suárez destacó que “los documentos relacionados a los hechos violentos ocurridos el 30 de junio de 2014, no son idóneos de reserva, pues surgen de las violaciones graves a los derechos humanos”.
“Ningún hecho violento ocurre sin dejar huella y los archivos nos brindan los rastros o señales que quedan de cada acontecimiento. Los organismos garantes del acceso a la información y la protección de los datos personales, debemos asumirnos como corresponsables de los procesos de justicia transicional”, agregó, de acuerdo a una publicación de Milenio.
Salas Suárez dijo que “la CNDH estableció que de las 22 personas que fallecieron el 30 de junio de 2014 , 15 habrían sido ejecutadas extrajudicialmente por elementos del Ejército.
“El caso Tlatlaya invalidó a las declaraciones del Gobierno federal en turno, que negó, dos años antes, la existencia de ejecuciones extrajudiciales, que fueron documentadas en el Informe sobre el Cumplimiento del Estado Mexicano a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra la Desaparición Forzada”.
