La Comisión Nacional de Derechos humanos señaló que el gobierno de Veracruz, así como la Fiscalía Estatal cometieron diversas irregularidades que contribuyeron al homicidio del periodista Pedro Tamayo, ocurrido el 20 de julio de 2016, además de realizar una deficiente integración de la carpeta de investigación.
El día de los hechos, el periodista recibió varios disparos de arma de fuego mientras estaba afuera de su casa, por lo que fue trasladado al Centro Médico Regional, donde perdió la vida. Anteriormente había recibido diversas amenazas, por lo que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz emitió medidas de protección a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
No obstante, se detectaron diversas irregularidades en la actuación de los policías, tanto al brindar protección como al perseguir a los presuntos responsables.
“El día del homicidio, el equipo de policías responsable de su seguridad no acudió al domicilio porque habían sido convocados a una reunión; sin embargo, por el riesgo en que se encontraba el agraviado, el policía encargado debió asegurarse que otros elementos le reemplazaran y cumplieran con la medida para no descuidar la seguridad del periodista. Además, tres elementos que se encontraban en las inmediaciones del lugar el día de los hechos omitieron perseguir a las personas señaladas por los testigos” declaró la CNDH.
De igual manera, señalan hubo tardanza en la actuación de los elementos policíacos en brindar ayuda y auxilio a la víctima y a sus familiares. Sumado a esto, el personal de la Fiscalía de Veracruz encargado de la investigación no actuó con la debida diligencia, pues omitió realizar acciones para su adecuada integración y tardanza en al atracción por la Fiscalía Especializada y del Protocolo Especializado.
En ese sentido, la CNDH recomendó reparar integralmente el daño a los familiares de la víctima e inscribirles en el Registro Estatal de Víctimas; instruir al secretario de Seguridad para que el personal cumpla las medidas de protección que le soliciten las autoridades competentes, además de impartir cursos sobre la libertad de expresión y garantía de los derechos a las víctimas, así como realizar un examen que determine si el personal policial cumple con el perfil requerido.
Mientras que la Fiscalía tendría que instruir al personal ministerial para que agote las líneas de investigación que permitan identificar, localizar, detener, judicializar y procesar a los probables responsables.
