El 14 de septiembre de 2018, durante el segundo Diálogo por la Paz, la Verdad y la Justicia en el Centro Cultural Tlatelolco, el entonces Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador se comprometió a desarrollar una política pública que garantice los derechos de las víctimas y de la sociedad en general a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición por violaciones graves a los derechos humanos. Recalcó que dicha política sería prioritaria para su gobierno.
Para dar seguimiento a este compromiso, diversas organizaciones de derechos humanos, colectivos de víctimas, académicos, activistas y expertos internacionales, en contacto con el equipo de transición -que hoy forma parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación– continuaron con un proceso de discusión y construcción de dicha política. Desde la academia y la sociedad civil desarrollamos un conjunto de cinco documentos que hoy entregaron a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como a la opinión pública y a la sociedad en general, con propuestas concretas para la creación de:
Una Comisión Nacional de la Verdad.
Un Mecanismo Internacional contra la Impunidad.
Un Nuevo Modelo de Reparaciones.
Una Unidad de Protección a Víctimas y Testigos.
Un sistema de participación de víctimas y sociedad civil en el diseño e implementación de todos estos componentes.
A estas propuestas deben sumarse los resultados de la mesa de trabajo sobre Búsqueda de Personas Desaparecidas y otras como la presentada conjuntamente por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en materia de justicia transicional, así como las conclusiones de varios colectivos de víctimas en el encuentro que se llevó a cabo en Nochixtlán, Oaxaca en noviembre de 2018.
En su reciente estudio sobre justicia transicional, el CIDE establece que “… México vive desde hace varios años un fenómeno de violencia a gran escala. Las víctimas suman miles. Esta grave situación y sus consecuencias no han podido ser atendidas desde las instituciones y mecanismos ordinarios de justicia”.Por ello resulta urgente y fundamental que se generen políticas integrales sobre verdad, justicia y reparación.Pese a ello, dejamos de contar con la asistencia de personal gubernamental durante la celebración de las mesas de trabajo acordadas, donde se desarrollaron dichas propuestas.
“Reiteramos nuestro llamado a que este gobierno adopte una política integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que combata la impunidad, garantice los derechos de las víctimas, promueva escenarios de construcción de paz y contribuya al debilitamiento de las redes y patrones de macro-criminalidad. Sus mecanismos deben ser diseñados e implementados de manera integral y complementaria, y formar parte del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Derechos Humanos y, de forma transversal, de todos los planes relacionados, con el fin de construir una política pública integral. Reiteramos también la disposición de realizar las mesas de diálogo pendientes con actores gubernamentales a fin de concretar los cinco procesos mencionados, así como su implementación”.
La posibilidad de lograr los objetivos de verdad, justicia y reparación se complica con dos propuestas recientes del nuevo gobierno: los anuncios de “punto final”o “borrón y cuenta nueva”ante casos de corrupción y violaciones graves a derechos humanos cometidos por las administraciones anteriores, y la creación de la Guardia Nacional, señala el comunicado.
“Es fundamental que los compromisos contraídos por el presidente Andrés Manuel López Obrador de cara a las víctimas y a la nación, se materialicen en una política de Estado en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición,que deje atrás la impunidad, abone a la construcción de paz y fomente la vida democrática”.
Además indica : Ofrecemos a la Secretaría de Gobernación, institución responsable de crear esta política, que en la medida en la que se cumpla el compromiso público de crear estos mecanismos, seguiremos trabajando para avanzar en la construcción de los mismos, junto con expertos nacionales e internacionales, academia, y organizaciones de la sociedad civil. De un compromiso de esta envergadura depende que el gobierno pueda convencer a las víctimas que su sufrimiento y la vigencia de sus derechos le importan efectivamente.
Dada la dimensión de la tragedia humanitaria que desde hace dos sexenios padece México, invitamos a la ciudadanía y a todos los actores sociales a conocer y retroalimentar las propuestas que hoy entregamos. Sin verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, la Cuarta Transformación no será posible.
