- La Cancillería hizo públicos tres documentos del caso tras la instrucción de transparentar la información; México reclama a EU por difundir los cargos y reitera que no protegerá a quien haya cometido un delito.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer este miércoles tres documentos oficiales relacionados con la solicitud de detención provisional con fines de extradición promovida por Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, como parte del proceso de transparentación impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Los documentos hechos públicos incluyen un oficio de extrañamiento dirigido a la Embajada de Estados Unidos, las líneas de comunicación con la postura oficial del Gobierno de México y una ficha con los cargos formulados por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York. La Cancillería precisó que las notas diplomáticas y demás comunicaciones vinculadas al expediente judicial continúan clasificadas, debido a su naturaleza reservada.
Los documentos que sí podían hacerse públicos
La publicación ocurre un día después de que se conociera que la SRE mantuvo la reserva por cinco años de las comunicaciones diplomáticas, notas verbales, correos institucionales, fichas informativas y minutas de reuniones relacionadas con este caso, resolución que fue confirmada el 23 de junio por el Comité de Transparencia de la dependencia.
Ante ello, la Cancillería aclaró que los documentos difundidos este miércoles corresponden a información cuya naturaleza permite hacerla pública, mientras que las notas diplomáticas vinculadas a procedimientos judiciales permanecen clasificadas, ya que, según explicó, «por su naturaleza, tienen carácter reservado».
México reclama a EU por exhibir los cargos antes del proceso
Entre los documentos destaca el oficio ASJ-22632, fechado el 30 de abril, mediante el cual la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SRE manifestó a la Embajada de Estados Unidos su «preocupación» por la difusión pública de los nombres y las acusaciones realizada por la fiscalía de Nueva York.
La dependencia sostuvo que esa información es:
«sensible en materia de procuración de justicia» y advirtió que hacerla pública «antes de que la persona reclamada sea detenida y sometida al procedimiento de extradición correspondiente, se vulneraría su derecho al debido proceso».
Además, el documento recuerda que Estados Unidos había solicitado previamente a México, mediante una nota diplomática, que:
«tome las medidas necesarias para asegurar que la información contenida en cualquier solicitud de detención provisional o de extradición que haya sido entregada o que vaya a ser entregada no sea divulgada ni se haga del dominio público».
La SRE también señaló que la difusión realizada por la fiscalía estadounidense impidió al Gobierno de México cumplir con la confidencialidad solicitada, por lo que pidió al Departamento de Justicia instruir a sus fiscales para respetar ese compromiso en futuras actuaciones.
Las acusaciones y la postura del Gobierno de México
La ficha de cargos difundida por la Cancillería señala que los diez políticos señalados, entre ellos el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, enfrentan acusaciones por conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, además de posesión de ametralladoras y artefactos destructivos. En el caso de Juan Valenzuela Millán, también se le atribuye un cargo por secuestro con resultado de muerte.
No obstante, la propia SRE enfatiza en el documento que se trata de acusaciones y no de condenas, por lo que los procedimientos deberán desarrollarse conforme al marco jurídico correspondiente.
En las líneas de comunicación difundidas, la Secretaría reiteró que las solicitudes estadounidenses fueron turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR) y sostuvo que ninguna acción judicial puede avanzar sin pruebas suficientes, conforme a las reglas del sistema penal acusatorio mexicano.
Asimismo, el Gobierno de México reiteró que mantiene la cooperación con Estados Unidos en materia de procuración de justicia, pero sin aceptar interferencias externas, postura respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien fue citada textualmente en el documento:
«No vamos a proteger a nadie que haya cometido un delito».
Dictan prisión preventiva a exdirector de Pemex por presunta violencia familiar
