Para no proceder civil, administrativa o penalmente contra los ejecutivos de Odebrecht que presuntamente sobornaron a Emilio Lozoya con 10.1 millones de dólares, el gobierno mexicano realizó un pacto con Brasil.
De acuerdo a Reforma una tarjeta informativa elaborada por Felipe Muñoz, Subprocurador de Delitos Federales, el acuerdo fue ratificado en tres ocasiones por el entonces Procurador General de la República, Raúl Cervantes.
“En fecha 16 de febrero de 2017, el entonces Procurador General de la República, Doctor Raúl Cervantes Andrade, acudió a reunión con la Procuraduría General de Brasil junto con diversos Procuradores de Latinoamérica.
“Misma en la que se suscribió convenio por el cual las autoridades de Brasil se comprometieron a proporcionar la información referente a la investigación, y las autoridades de México se comprometieron a no ejercer ninguna acción civil, administrativa o penal en contra de funcionarios de la empresa Odebrecht, estos convenios fueron ratificados por México en 3 ocasiones, uno en fecha 16 de febrero y dos el 14 de junio de 2017”, relata el documento.
Un día después de la fecha señalada, la PGR emitió un comunicado en el que omitiendo dicho convenio e informando que al respecto del Caso Odebrecht, Brasil había establecido una reserva de 6 meses y sería hasta el mes de junio del 2017 cuando se liberaría información del tema
