Pagos por encima de lo aprobado y documentación irregular que acredite los servicios prestados, son algunas de las faltas detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la contratación de empresas para proveer servicios de alimentación y transporte de migrantes.
En una auditoría realizada al Instituto Nacional de Migración (INM), la ASF encontró que se infló el costo unitario por alimento, el cual se estableció en 74.24 pesos y fue cobrado a 86.12 pesos por el proveedor.
“Sobre el particular, el INM, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio de fecha 16 de noviembre de 2018”, señala el dictamen de la auditoría.
La ASF concluyó que en 2017 el INM realizó pagos inflados por al menos 356 mil 100 pesos, motivo por el cual, solicitó al Órgano Interno de Control del Instituto que verifique física y documentalmente el monto total ejercido con el mismo.
También han sido detectados aumentos en los pagos realizados por concepto de transporte terrestre, ya que el precio unitario establecido por viaje era de 54 mil 200 pesos, pero el importe pagado fue por 61 mil.
“Con motivo de la presentación de los resultados finales, el INM proporcionó los oficios de fechas 7, 21 y 26 de noviembre de 2018, mediante los cuales los Delegados Federales de Chiapas y Veracruz solicitaron al proveedor el reintegro del pago en demasía por un importe de 589 mil 800 pesos.
“El cual incluye el monto observado. Sin embargo, no se proporcionó evidencia de su reintegro a la Tesorería de la Federación”, se lee en la auditoría.
La ASF además localizó en contratos para transportación, faltantes en la entrega de documentación comprobatoria y que se realizaron pagos sin la autorización y los informes respectivos.
“Además, no se aseguraron de que las justificaciones de las contrataciones (…) contaran con fundamento respecto de los criterios de eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia”, indica.
Con información de Reforma
