“El discurso y los hechos que caracterizaron los primeros tres meses de gestión del nuevo gobierno en materia de derechos humanos se enmarcan en una serie de claroscuros”, consideró la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum Panszi, al anunciar la entrega de una carta abierta al presidente López Obrador.
Para la organización, apuntó la defensora, es de reconocerse “la disposición de la actual administración para aceptar, en algunos casos, la responsabilidad del Estado por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, así como las disculpas públicas presentadas a las víctimas”, pero los retos son enormes.
De acuerdo con Proceso, Al próximamente dará a conocer un balance sobre la situación de derechos humanos en el país en los primeros tres meses del actual gobierno, la organización internacional divulgó una carta enviada al mandatario.
En la misiva, firmada también por la directora de Amnistía Internacional para América Latina, Ericka Guevara Rosas, se reconocen avances como la creación de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, la designación de Karla Quintana como encargada de la Comisión Nacional de Búsqueda, y los anuncios de próximas mejoras en la aplicación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) y en el trato a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.
Sin embargo, se lamenta “la ausencia de progreso en otras áreas clave para los derechos humanos; entre ellas, la mejora de las instituciones policiales, la inmediata atención a la violencia que enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos, y la aceptación de la competencia del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) para recibir y examinar denuncias individuales, entre otras”.
La organización observa que la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, “sólo podrá servir como instrumento de garantía de los derechos humanos, incluida la seguridad, en la medida en que su gobierno tome esta oportunidad para llevar a cabo el retiro ordenado y definitivo de las fuerzas armadas de toda labor de seguridad pública”.
La organización recomienda a López Obrador que para que la Guardia Nacional sea un paso hacia la desmilitarización del país “asegure que sea un organismo civil y que la participación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad cese tan pronto como sea posible y no más allá de los cinco años señalados en la reforma constitucional”, publicó el mismo medio.
