Previo a la denuncia interpuesta por el gobierno de Cuitláhuac García en contra de quienes resulten responsables por el megafraude en la implementación del Sistema Estatal de Videovigilancia, el pasado 5 de marzo la empresa Comtelsat, S.A. de C.V., a través de su apoderada Gabriela Montaño, pidió un plazo de 160 días para ejecutar un plan que permitiría concluir su trabajo.
La empresa que intentó justificar los atrasos, dijo que durante el periodo del gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, se tuvieron que implementar cambios al proyecto que generaron los aplazamientos.
A través de un oficio remitido a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, la empresa acusó que “de manera extra oficial” el actual gobierno le negó el acceso al proyecto a partir del día 29 de enero de 2019.
Lo anterior, previo a la denuncia interpuesta por la administración del actual gobernador de Veracruz, en contra de quien o quienes sean responsables del fracaso en la implementación de dicho proyecto.
En este contexto, se implementó un procedimiento de Rescisión Administrativa al contrato celebrado el 7 de diciembre de 2017 para la “Adquisición, suministro, electrificación e instalación y puesta en operación de sistemas de circuito cerrado de televisión CCTV”.7
En la propuesta enviada a la Secretaría de Seguridad Pública hace más de un mes Comtelsat aseguró que la funcionabilidad y puesta a punto del proyecto no debe de considerarse una “responsabilidad directa e imputable” en su contra.
La apoderada Gabriela Montaño dijo que se podría implementar “un excluyente de responsabilidad”, pues la inversión y entrega de los bienes se realizó en su totalidad y su funcionamiento se encuentra en etapa de conclusión.
Por ello, la empresa pidió 160 días para ejecutar un plan de conclusión, aunque primero debía de permitirse el acceso y reincorporación al proyecto y cancelar el procedimiento administrativo correspondiente.
“De manera extraoficial se ha negado el acceso a Comtelsat al proyecto, a partir del día 29 de enero de 2019, y por tanto se ha detenido la realización de cualquier tipo de operación respecto al mismo. “Por lo cual mi representada se ha visto impedida para llevar a cabo actividad alguna tendiente a la finalización del proyecto”, señalaron.
Con base en lo estipulado en el contrato, el sistema de vigilancia debía haber concluido a inicios de julio del año pasado, sin embargo las circunstancias físicas como técnicas lo impidieron.
Fue este martes que se presentó ante la Fiscalía General de la República la denuncia de hechos por parte de los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública, Eric Patrocinio Cisneros Burgos y Hugo Gutiérrez Maldonado.
De acuerdo con los funcionarios el recurso es “en contra quien resulte responsable” y se interpuso ante el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la FGR, Alberto Antonio Valle Gay.
ccca.
