Carlos Bauer / @CarlosBauer3_0
La madrugada del 4 de mayo de 2006, tres mil elementos policíacos –mil quinientos de ellos pertenecientes a la Policía Federal Preventiva (PFP) y otros mil quinientos entre policías estatales y municipales– ingresaron a San Salvador Atenco, cabecera del rural municipio mexiquense de Atenco, colindante con Texcoco y Nezahualcóyotl, dos de las zonas más densamente pobladas del país.
Se habían ido apostando en los alrededores de la población desde la noche anterior, después de un intento de liberar la autopista Texcoco-Lechería de un bloqueo instalado por el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), creado por habitantes de Atenco en 2002. Tras el fracaso de las fuerzas locales en el operativo para liberar la carretera, el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, solicitó la ayuda de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal, entonces a cargo de Eduardo Medina Mora.
Sin embargo, el operativo autorizado a las dos de la madrugada quedaría a cargo de Wilfrido Robledo Madrid, comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal con experiencia en operativos de desalojo: este mismo funcionario comandó el operativo que puso fin a la huelga en la Universidad Nacional Autónoma de México, a principios del año 2000. A las cinco y media de la madrugada los tres mil policías, encabezados por los elementos de la PFP, comenzaron a cercar la población, ocupando las cinco entradas de la cabecera municipal sin encontrar resistencia.
A las seis de la mañana se registraron los primeros enfrentamientos entre los aproximadamente 400 miembros del FPDT y los tres mil elementos de las fuerzas de seguridad. La apabullante superioridad numérica y el uso de gases lacrimógenos a discreción hizo de estos encuentros, más que enfrentamientos, repliegues apresurados de los atenquenses. Justamente una lata de lacrimógenos lanzada aparentemente al azar se cobraría a la única víctima mortal del operativo, Ollin Alexis Benhumea, estudiante de la UNAM y activista de las causas indígenas y campesinas.
Hacia las siete y media se produjo el punto más álgido del operativo. La policía no había encontrado ninguna resistencia, pero al aproximarse al emblemático Auditorio Ejidal Emiliano Zapata un último grupo intentó detenerlos. Fue ahí donde se produjeron las escenas de violencia desmedida que, en las escasas imágenes que sobrevivieron al operativo, han dado la vuelta al mundo. Hombres ensangrentados, enfrentamientos de siete policías contra un atenquense, mujeres arrastradas de los cabellos.
A las ocho de la mañana todo había acabado. La policía realizaba las últimas detenciones, múltiples residencias habían sido allanadas –sin orden judicial–, las fuerzas del orden controlaban todas las calles. Pero el pueblo permanecería desierto. Antes del anochecer sólo la policía municipal permanecía cuidando –¿de qué?– las calles.
Esa noche las autoridades del Estado de México reportaron la detención de 217 personas, aunque finalmente sólo 190 fueron consignadas penalmente. De ellas, la mayoría obtendría su libertad en los siguientes días, pero 12 personas a quienes el gobierno señalaba como líderes del movimiento debieron permanecer en prisión hasta que en 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó su libertad. Wilfrido Robledo declaró que los miembros del FPDT eran ”Secuestradores, homicidas, personas a las que es más fácil señalar qué delitos no han cometido, que enumerar los ilícitos en los que han estado involucrados”.
Con el paso de los días, se fue conociendo la naturaleza del operativo tras el cual el Gobierno Federal se ufanó de haber llevado a “los grupos violentos a una fase real de desarticulación”. Una brutalidad policíaca generalizada y deliberada –“vamos a partirles su madre a esos hijos de la chingada” fue el grito con que los mandos arengaron a los policías– que dejó 26 mujeres agredidas sexualmente, cientos de detenidos cuyos casos no se sostuvieron ante tribunales, decenas de hombres y mujeres golpeados y torturados, 5 mujeres extranjeras deportadas tras haber sufrido vejaciones sexuales. Un estudiante muerto. Un estudiante desarmado, muerto.
A siete años, ninguno de estos abusos ha sido reparado, ninguna de las autoridades ha sido sancionada. Quizá, en parte, porque los medios de comunicación se encargaron de que la sociedad civil no reconociera en los manifestantes de Atenco a seres humanos, sino simplemente a “macheteros”, tal como durante los recientes acontecimientos en la UNAM los jóvenes que recurrieron a un método extremo de protesta fueron reducidos a “encapuchados”.
