Las secretarías de Hacienda, Función Pública y Comunicaciones y Transportes investigan la última licitación de telepeaje en la red de autopistas del Fonadin, entregada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuatro días antes de concluir su mandato, por un costo de mil 321 millones de pesos y con una vigencia al 31 de marzo de 2023.
El contrato adjudicado por Banobras a las empresas Cobro Electrónico de Peaje (CEP) de David Peñaloza y a la española Sociedad Industrial de Construcciones Eléctricas (SICE) de Florentino Pérez, estaría en riesgo de cancelarse pues se han encontrado vicios de origen, prácticas ilegales e inconstitucionalidad en actos derivados del mismo.
Con base en las investigaciones de la 4T, se descubrió que funcionarios de Banobras en el ejercicio de su poder, no sólo permitieron una cesión de derechos de CEP y SICE a OSIPASS para la prestación de un servicio público para el cual no se encuentra legitimado, sino que antepone el interés particular sobre el común. representando un daño patrimonial al Estado.
Fue el 31 de marzo del presente año que comenzó la investigación por José David Fragoso Cedillo, director de Operación de Caminos y Puentes Federales (Capufe), quien denunció que el consorcio no pudo tomar la operación del telepeaje el 1 de abril como lo estipulaba el contrato en los 45 caminos y tres puentes (autopistas) de la red Fonadin
Los tramos involucrados son Cuernavaca-Acapulco; Monterrey-Nuevo Laredo; Red México-Cuernavaca; México-Querétaro, y México-Puebla; Durango-Mazatlán, entre otros.
Con base en información de El Universal, se dio a conocer que los técnicos de Capufe, el grupo SICE y CEP no tenía listo su sistema central (backoffice), ni el equipamiento indicado, ni estaba 100% para la operación en sitio, es decir, en las casetas.
Pese a estas irregularidades que serían motivo suficiente para cancelar el contrato, Banobras otorgó facilidades extraordinarias y presionó a Capufe para permitir al consorcio realizar pruebas en casetas que se encuentran en operación.
Según los primeros informes, las pruebas no han funcionado 100% en las primeras casetas liberadas para dicho fin. Además los técnicos de CEP y SICE no lograron hacer funcionar el sistema como lo requiere la infraestructura de la red de carreteras del país.
Ante las fallas e inconsistencias legales, el actual gobierno federal por medio de las autoridades competentes, analiza anular el contrato.
Una de los principales problemas detectados en la entrega del contrato Prestación de Servicios de Gestión de Cobro de Telepeaje Sujeto a Estándares de Desempeño, es que las empresas que obtuvieron los trabajos otorgaron los derechos a OSIPASS luego de haber firmado el contrato, por lo que Capufe desconoció la naturaleza jurídica de OSIPASS, al no contar con un documento en el que se identificará y verificará la participación de dicha sociedad en las obligaciones previstas en los contratos celebrados entre CEP/SICE y Banobras.
Banobras a través de un comunicado emitido el 28 de febrero de el presente año, solicitó a Capufe reconocer a la entidad OSIPASS como cesionaria de los derechos y obligaciones adquiridos en el contrato original
Además pidió la entrega de infraestructura y sistemas del operador del Telepeaje actual TEDISA al nuevo operador contratado por esta institución financiera.
Ante esta situación, la Dirección Jurídica de Capufe consultó a la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de las secretarías de la Función Pública y de Hacienda y ambas rechazaron tal solicitud de Banobras.
El argumento legal menciona que si bien se preveía la posibilidad de ceder los derechos de adjudicación a una sociedad constituida, dicha cesión debía ser formalizada previo a la suscripción de contratos correspondientes, lo cual no ocurrió a si, contrario a lo que establece la LASSSP en su artículo 46.
ccca.
