El ex presidente Enrique Peña Nieto puso el pie a la austeridad republicana de la Cuarta Transformación pues la Fiscalía General de la República (FGR) gastará en cuatro años mil 390 millones 175 mil 712 pesos por la renta y mantenimiento de dos edificios.
Los edificios son la sede central localizada en avenida Insurgentes y la Dirección General Profesional de Servicio de Carrera en la alcaldía Miguel Hidalgo.
Lo anterior después de que la administración de Enrique Peña Nieto en la entonces Procuraduría General de la República (PGR) heredó al fiscal General, Alejandro Gertz Manero, dos contratos de arrendamiento: el PGR/CN/ARBI/002/2018, así como el PGR/CN/ARBI/13/2018, ambos celebrados el año anterior sólo para el uso de los inmuebles señalados, cuyas vigencias son de cinco años forzosos, es decir, hasta 2022.
Según el primer contrato el ex oficial mayor de la PGR,Pedro Navarro Laflin acordó en enero de 2019 con la empresa Corporativo Redondel, S.A. de C.V. la renta del edificio de la avenida Insurgentes número 20, por un monto de 16 millones 467 mil 128 pesos mensuales, más un millón 646 mil 712 pesos por concepto de mantenimiento y conservación del inmueble, el cual cuenta con 30 pisos y 920 cajones de estacionamiento.
Fue en 2018, que la institución erogó 217 millones 366 mil 80 pesos por la renta del edifico de la glorieta de Insurgentes y otros 130 millones 177 mil 848 pesos por el ubicado en Río Pilcomayo, colonia Argentina, en Miguel Hidalgo.
A mediados de 2019, el inmueble de Insurgentes se convirtió en sede de la FGR, después del sismo del 19 de septiembre del 2017 que dejó inservible el edificio localizado en Paseo de la Reforma.
En Insurgentes se localiza la oficina del fiscal y las subprocuradurías Jurídica y de Asuntos Internacionales, de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, la Especializada en Investigación de Delitos Federales, la de Derechos Humanos, así como la de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.
Asimismo se encuentra la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, la Coordinación de Planeación y Administración, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas.
En caso de terminar el contrato, la FGR cubrirá únicamente el importe de renta que corresponda hasta el día en que se verifique la des -ocupación del inmueble.
Posteriormente, en abril del 2018 Navarro Laflin, ex oficial mayor de la entonces Procuraduría General, firmó otro contrato de arrendamiento, pero ahora con la empresa Rouz Bienes Raíces, S. A. de C.V., para el edificio de Río Pilcomayo número 169, en la alcaldía Miguel Hidalgo, sede de la Dirección General Profesional de Servicio de Carrera.
Por un monto mensual de 10 millones 848 mil 154 pesos, se incluye los conceptos de renta de oficinas, adecuaciones e instalaciones especiales, cableado, voz, datos, así como el mantenimiento de todas las instalaciones.
Cabe mencionar que el Fiscal Alejandro Gertz Manero, indicó que se están concluyendo los contratos de arrendamiento de los inmuebles innecesarios, con el principal objetivo de optimizar al máximo todos los edificios que son propiedad de la institución.
“Incluyendo la recuperación de inmuebles que se otorgaron para venta a través del Indaabin [Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales], por estar supuestamente dañados en los sismos de septiembre de 2017 y que la institución pretendía concesionar comercialmente por 40 años, despojando así a la Fiscalía General de la República de su patrimonio”, indicó.
Sin dar a conocer qué inmuebles , Gertz Manero reveló que detectaron seis que fueron otorgados para su venta oficial en el Indaabin y que se desviaron hacia intereses particulares, perjudicando gravemente el patrimonio de la FGR.
ccca.
