El Congreso del estado de Quintana Roo y de Puebla enviaron un oficio a la Comisión Permanente del Congreso para pedir que amplie la figura de “trabajo a domicilio” que está en la Ley Federal del Trabajo, con el objeto de que sea una opción para personas con discapacidad y mujeres en etapa de gestación, posparto o madres solteras.
En el documento, el Congreso de Quintana Roo explicó que a pesar de que la Constitución federal y la Ley Federal del Trabajo establecen el derecho de toda persona a un trabajo digno, las personas con discapacidad y las mujeres en etapa de gestación, postparto o madres solteras no tienen acceso al mismo.
Esto, según las y los legisladores locales, debido a que las mujeres tienen mayor participación laboral en actividades domésticas, en muchos casos son madres de familia y deben conciliar su vida laboral y familiar y en ocasiones sus parejas les prohíben trabajar, lo que les dificulta incorporarse al sector de trabajo remunerado.
En el caso de las personas con discapacidad, argumentaron, viven rechazo en el sector laboral y enfrentan exclusión y discriminación y cuando trabajan a menudo se desempeñan en ocupaciones no dignas, mal remuneradas o son subempleadas con escasas posibilidades de promoción y ascenso profesional.
En México, la participación de las mujeres en el mercado laboral disminuye conforme aumenta el número de hijos.
De acuerdo con datos procesados por el Instituto Nacional de las Mujeres, cuatro de cada diez mujeres de 25 a 49 años de edad que forman parte de hogares con hijas e hijos menores de 3 años de edad desempeñan una actividad económica en el mercado laboral (40.9 por ciento): cifra que es de siete de cada diez mujeres cuando éstas viven en hogares sin hijas o hijos (68.2 por ciento).
Actualmente el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo reconoce el “trabajo a domicilio” como la actividad que se realiza habitualmente para un patrón, en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo.
De acuerdo con el Congreso de Quintana Roo, este tipo de trabajo permite operar desde el lugar de elección sin fijar un horario laboral de por medio, lo que se convierte en una opción al alcance de las personas con discapacidad y de las mujeres; sin embargo, no explicaron cómo se debe fortalecer esta figura.
IGUALDAD LABORAL
Por otra parte, la Comisión Permanente analiza exhortar a la Secretaría de Gobernación (Segob) y al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) a promover que las dependencias y entidades de la administración pública se certifiquen en la Norma Mexicana 025 en Igualdad Laboral y No Discriminación que, entre otros temas, busca prevenir el acoso y hostigamiento sexual.
La diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, presentó un punto de acuerdo donde explicó que, aunque la certificación en esta norma es voluntaria, es necesario que todo el sector público federal mejore las condiciones laborales de hasta 1.6 millones de trabajadores públicos.
Esta norma fue expedida en 2015 para certificar a los centros de trabajo públicos, privados y sociales que adopten buenas prácticas en materia de igualdad de género; sin embargo, no es una medida obligatoria a pesar de que la promueve el Inmujeres, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación.
De acuerdo al Padrón Nacional de Centros de Trabajo Certificados, actualmente están registrados 352 centros laborales, de los cuales 257 pertenecen al ámbito público.
Los ejes de esta normativa son la incorporación de la perspectiva de género y no discriminación en los procesos de reclutamiento, selección, movilidad y capacitación laboral; garantizar la igualdad salarial; implementar acciones de prevención y atención de violencia en el trabajo; además de acciones de corresponsabilidad entre la vida personal, familiar y laboral.
En el documento que presentó ante el Congreso, la diputada señaló que en la esfera pública hay brechas de género como la desigualdad salarial, toda vez que 27 por ciento de los funcionarios del gobierno federal cuentan con un salario considerado alto a diferencia de 13.1 por ciento de las mujeres en la misma situación.
En ese mismo sentido, explicó Loya Hernández, 10.2 por ciento de las mujeres de 15 años y más declararon haber sufrido violencia en el trabajo; de igual manera, 23.4 por ciento por ciento de las mujeres, de 18 años y más, señalaron haber sido discriminadas en su trabajo o escuela, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016.
Ante dicha situación, aseguró que es urgente la implementación de medidas para mejorar las condiciones laborales de las mujeres trabajadoras. El punto de acuerdo será turnado a Comisiones para su análisis.
