Carlos Bauer / @CarlosBauer3_0
En los operativos del 3 y 4 de mayo que pretendieron poner fin al conflicto entre autoridades del Estado de México y el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), fueron capturadas cientos de personas, la inmensa mayoría sin orden de aprehensión y sin que se pudiera presumir flagrancia al momento del arresto. Muchas fueron sacadas de domicilios particulares sin orden de cateo. Hoy, todas las personas arrestadas durante aquellas jornadas están libres y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dictaminado que al ser capturadas y juzgadas sufrieron múltiples violaciones a sus garantías legales y a sus derechos fundamentales.
La tarde del jueves 3 de mayo de 2006, en el asalto –asalto, ya que no había orden de cateo que le confiriera el estatus de un allanamiento legal– de la policía del Estado de México a la casa del municipio de Texcoco donde se refugiaban varios líderes del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, fueron arrestados Ignacio del Valle y otras 30 personas. Al día siguiente, en el operativo de fuerzas federales, estatales y municipales para recuperar el control del poblado de San Salvador Atenco, más de 200 personas fueron capturadas y remitidas a las autoridades. Algunos de los capturados fueron recluidos en el penal estatal de Molino de Flores, en Texcoco; otros, en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, antes conocido como La Palma, en Almoloya de Juárez.
Los cargos que se les fincaron iban desde “secuestro equiparado” hasta “ataque a las vías públicas”. La mayoría de las personas remitidas en las jornadas del 3 y 4 de mayo debieron ser rápidamente liberadas por absoluta falta de pruebas, mostrando –como después dictaminó la (SCJN)– que los policías realizaron arrestos indiscriminados, capturando a decenas de personas simplemente por estar “donde no debían”. Algunas más pasaron varios meses en prisión, entre ellas, el médico del subcomandante insurgente Marcos, quien se encontraba en Atenco asistiendo a los pobladores heridos. Pero el gobierno del Estado de México decidió dar una lección ejemplar a quien desafiara a las autoridades condenando a 12 luchadores sociales a penas que iban de los 31 a los 112 años de prisión.
El 5 de mayo de 2007, a un año y dos días de haber sido arrestados, Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicoa recibieron el fallo del juez primero penal de Toluca, José Blas Hernández, quien los condenó a 67 años de prisión por el delito de secuestro equiparado. La base de la condena era la retención de funcionarios del gobierno estatal en febrero y abril de 2006, cuando varios miembros del FPDT impidieron a dichos funcionarios retirarse del recinto donde se habían reunido a sostener negociaciones.
En agosto de 2008, el juez primero de lo penal con sede en el reclusorio Molino de Flores, Alberto Cervantes Juárez, condenó a 31 años de prisión por el mismo delito a Pedro Reyes Flores, Juan Carlos Estrada, Óscar Hernández Pacheco, Narciso Arellano Hernández, Alejandro Pilón Zacate; los hermanos Jorge Alberto y Román Ordóñez Romero; Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, Édgar Eduardo Morelos Reyes y Julio César Espinoza. A ellos se les condenó por la retención de policías municipales y estatales en los enfrentamientos del 3 y 4 de mayo de 2006. Además, el juez sumó una condena de 45 años a los 67 que ya pesaban sobre Ignacio del Valle, determinando que el líder social pasara 112 años en prisión.
En su dictamen del 11 de febrero de 2009, la Suprema Corte determinó que en los operativos de mayo de 2006 las fuerzas policíacas de los tres niveles de gobierno perpetraron violaciones graves a los siguientes derechos fundamentales de los ciudadanos: derecho a la vida, derecho a la libertad sexual y a la no discriminación por género, derecho a la integridad personal y derecho a no ser torturado, derecho a la libertad personal y derecho a la inviolabilidad del domicilio, derecho al debido proceso legal, derecho a la justicia, derecho al trato digno de los detenidos, derecho a la libertad de expresión y acceso a la información.
Sin embargo, en ese mismo dictamen los ministros de la máxima instancia de impartición de justicia de nuestro país decidieron exculpar a los funcionarios que diseñaron y ordenaron los operativos, arguyendo que no había pruebas de que los altos mandos hubieran instado a los policías a cometer actos de violencia. Por tanto, se señaló como únicos responsables a los policías que cometieron actos específicos y se instruyó a la procuraduría mexiquense a investigar los casos, cosa que hasta la fecha no ha sucedido.
Ante este escenario y temiendo la ejecución de la orden de arresto girada en su contra desde mayo de 2006, América del Valle, hija de Ignacio, solicitó asilo político a la embajada de Venezuela en México el 24 de junio de 2010. Permanecería ahí hasta el 18 de julio del mismo año, cuando pudo reunirse con su familia después de que el juez primero penal de primera instancia dictara auto de sobreseimiento sobre las dos órdenes de aprehensión contra ella y el procurador de Justicia del estado de México, Alfredo Castillo Cervantes, se desistiera de la acción penal.
Unos días antes, el 30 de junio de 2010, se había dado la resolución más relevante de la Suprema Corte en torno al caso Atenco. En voto dividido, los ministros de la primera sala de la SCJN ordenaron la liberación inmediata de Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo. Asimismo, se decidió por unanimidad conceder el amparo definitivo a Óscar Hernández Pacheco, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, Julio César Espinosa Ramos, Juan Carlos Estrada Cruces, Édgar Eduardo Morales Reyes, Jorge Alberto Ordóñez Romero, Román Adán Ordóñez Romero, Narciso Arellano Hernández y Alejandro Pilón Zacate. Después de cuatro años en prisión, pudieron volver con sus familias y a su lucha: “esta victoria es el inicio de más trabajo”, dijo Ignacio del Valle al recuperar su libertad.
La Suprema Corte echó abajo las acusaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) argumentando que los casos se construyeron a partir de premisas falsas y endebles, y que las autoridades recurrieron a pruebas ilícitas. Además, los ministros de la SCJN exhibieron el proceder de las autoridades mexiquenses que condenaron a décadas de prisión a los luchadores sociales por “la simple circunstancia de que se encontraban en el lugar de los hechos donde fueron detenidos, con el argumento de que nada tenían que hacer ahí”.
De singular relevancia fue la postura del ministro Juan N. Silva Meza, quien trascendió el legalismo y puso la decisión de la Corte en su contexto social. Señalando que en su argumentación la PGJEM había considerado una prueba de culpabilidad de los acusados su pertenencia al FPDT, Silva Meza denunció que las condenas se produjeron “partiendo de una ideología totalitaria, donde el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y reunión generan la falsa presunción de peligrosidad y despliegue de conductas consideradas delito por los integrantes de dicha organización, sin que interese si se encuentran o no debidamente acreditadas”. Recordó a las autoridades que “la manifestación de ideas y el reclamo social no son sinónimos de delincuencia; pensar lo contrario y utilizarlo como basamento para emitir una sentencia condenatoria es actuar contra nuestro sistema de justicia, en indefectible desdoro de los derechos y libertades del ciudadano”.
Con todo, en mayo de 2012 el ex gobernador del Estado de México que ordenó los sangrientos operativos del 3 y 4 de mayo de 2006, dijo durante su campaña presidencial que él se hacía responsable por las acciones tomadas seis años atrás, pues no sólo eran necesarias sino que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya las había “validado”. La mentira de aquel 11 de mayo de 2012 provocó en su auditorio una indignación que se abrió paso en el grito de “¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino!” y cristalizó en un movimiento social que le recordaría al candidato que no todo México vivía en la indiferencia ante los abusos del poder.
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