De acuerdo con Enrique Campos Suárez, columnista de El Economista, el gobierno de Enrique Peña Nieto no necesitaba de mucha mala prensa para ser exhibido como una administración plagada de presuntos actos de corrupción.
Lo anterior ante los hechos ocurridos recientemente sobre las acusaciones contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya.
“El gobierno de López Obrador abrió el clóset de los muertos y ahora se ha obligado a llegar hasta las últimas consecuencias del escándalo que provocó a través de imputar a los que autorizaron, desde el Consejo de Administración de Pemex, la compra de esa porquería de planta industrial”
Y dice que aunque Andrés Manuel López Obrador señaló que su victoria se trataba de borrón y cuenta nueva, se convirtió en una caja de Pandora, que sólo puede terminar en el mayor ajuste de cuentas de un gobierno entrante con sus antecesores de la historia.
“Había razones políticas para encontrar algún fuego fatuo que jalara la marca de la atención pública. Pero la cloaca destapada fue descomunal.” señala Campos Suárez.
La sorpresa fue de la Fiscalía General de la República (FGR) por la mediatización por el caso que involucra a Emilio Lozoya Austin ante las acusaciones por lavado de dinero, defraudación fiscal y cohecho.
“Pero las filtraciones, que tanto lamenta la FGR, y hasta las declaraciones presidenciales, hablan del delito de la compra de una planta chatarra, por la que de manera ilegal se pagaron, dice el presidente, 500 millones de dólares”
El delito que persigue el gobierno de López Obrador indica es el quebranto patrimonial de Pemex y el manejo de información abrió una puerta de salida a la defensa de involucrados, Emilio Lozoya no firmó ni autorizó la compra de la planta chatarra.
“¿Quién era legalmente la cabeza más alta en esa instancia de gobierno corporativo de la petrolera? Nada menos que en aquel año de la compra, el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray. Y a partir de este personaje, hacia abajo otros tantos exsecretarios de Estado.”
ccca.
