(05 de junio, 2019. Revolución TRESPUNTOCERO).- Hace diez años, una tragedia hundió a nuestro país en la rabia, la impotencia y la confusión: el incendio de la Guardería ABC.
En él fallecieron 49 niños y 106 resultaron heridos. Todos ellos, entre cinco meses y cinco años de edad. Como resultado de la catástrofe, aún quedan familias destrozadas, hogares que no volvieron nunca a ser los mismos.
Ocurrió en Hermosillo, Sonora.Las llamas se propagaron en una bodega contigua del gobierno del estado, entonces gobernado por Eduardo Bours Castelo. El poder federal estaba a manos de Felipe Calderón Hinojosa.
La Guardería ABC era una estancia infantil privada que funcionaba por el modelo de subrogación por el Instituto Mexicano del Seguro Social desde el 6 de agosto de 2001. Es decir, estaba bajo el cuidado del Estado.
No obstante, en un acto del todo inexcusable, las condiciones del lugar permitieron que todo ocurriera. Se trató, a todas luces, de una negligencia y un hecho que pudo haberse evitado, pero no lo fue.
Inicialmente, la Suprema Corte de Justicia Mexicana involucró a 19 funcionarios. No obstante, todos fueron exonerados. Ningún funcionario de alto nivel fue señalado como responsable: no hubo consecuencia penal ni moral. Al contrario, se le quitó a la Corte la facultad de investigar violaciones graves a derechos humanos.
Desde entonces –hasta ayer que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del entonces gobernador de Sonora– gobernadores van y vienen; la justicia permanece intacta, olvidada tras la exigencia inalcanzable de los padres de familia que, aún destrozados piden el castigo a los culpable y la no repetición de lo sucedido.
Cabe recordar que, después del mandato priista de Bours, la sociedad sonorense buscó castigo para tricolor con la elección de Guillerno Padrés, representante del blanquiazul. Pero, para su pesar, nada cambió.
Además de ser omiso frente al caso, el gobierno que encabezó el panista, reservó datos sobre las indemnizaciones pagadas a los padres de las víctimas del incendio. Entre otros escándalos de corrupción que dejaron al estado prácticamente en la quiebra, la incorrecta administración de las finanzas del estado y con escándalos de sus colaboradores, Padrés hizo todo menos dar justicia al caso..
No sólo eso, tardía remoción de su puesto como procurador de Justicia, del después diputado federal Abel Murrieta Gutiérrez, involucrado en el caso.
Tras Padrés, Pavlovich. Ni a cuál irle. Cuando era diputada en el Congreso de Sonora, Pavlovich firmó una carta de respaldo a Gildardo Francisco Urquides Serrano, copropietario de la guardería y quien fuera secretario de Finanzas del PRI en Sonora y giró otro documento de respaldo a favor de Sandra Lucía Téllez Nieves, copropietaria de la guardería y esposa de Alberto Escalante, subsecretario de Ganadería estatal en aquella época.
Hay más; hace una semana, la gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich no atendió la solicitud de recibir a los padres de los niños que perdieron la vida desde 2017.
No hay tiempo que borre la ignominia de lo ocurrido. No hay momento donde se olvide que el caso ABC es una historia de omisiones e incompetencia de los gobiernos priistas y panistas que han pasado por el gobierno estatal y federal.
Los padres han argumentado, y con razón que el Estado tiene una responsabilidad directa en la muerte y lesiones de sus hijos. El país entero continúa de luto y exige al gobierno actual que haga algo frente a lo sucedido. La esperanza por la justicia se asoma. A 10 años, todos esperamos respuestas.
